“A la luz de los argumentos y las pruebas presentadas por las partes en este procedimiento, hemos determinado que el nivel adecuado (...) no exceda los 645,121 millones de dólares al año”, dijo el arbitraje de la OMC en un informe.
Estados Unidos no puede apelar esta decisión, pero la luz verde de la OMC no prejuzga la decisión de China de imponer o no esas sanciones, total o parcialmente, bajo la forma de sobretasas a una serie de productos estadounidenses. “La decisión profundamente decepcionante del árbitro de la OMC refleja interpretaciones erróneas del órgano de apelaciones, que perjudican la capacidad de los miembros de la OMC de defender a nuestros trabajadores y nuestras empresas contra subsidios chinos que tergiversan los intercambios”, reaccionó Adam Hodge, portavoz de la representante comercial estadounidense, en un comunicado.
China había reclamado en un primer momento la posibilidad de hasta 2.400 millones de dólares al año, luego redujo su expectativas a 788,75 millones. Estados Unidos había argumentado que el nivel adecuado no debería superar los 106 millones de dólares al año.
En noviembre de 2019, en un caso como este sobre medidas antidumping, la OMC había autorizado por primera vez a China a imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de 3.600 millones de dólares.
Aunque esta vez las cantidades no son comparables, Pekín obtiene una nueva victoria frente a Washington en un litigio dirimido por el gendarme mundial del comercio.
La decisión de la OMC se enmarca en un viejo litigio entre las dos potencias económicas sobre las medidas antidumping aplicadas por Estados Unidos a múltiples productos chinos: acero, mástiles eólicos, papel y tubos.
En 2012, la OMC estableció un grupo de expertos a petición de China, tras lo que siguieron resoluciones y apelaciones en distintas instancias. Estados Unidos había justificado esas medidas argumentando la necesidad de compensar las subvenciones chinas a determinados sectores industriales.
Para Hodge, la decisión anunciada este miércoles “refuerza la necesidad de reformar las reglas de la OMC para resolución de controversias”.