En lo que va del mes ya se registraron cinco casos de personas asesinadas en circunstancias de robos y asaltos. Uno de los últimos episodios ocurrió el lunes, en Ciudad del Este, cuando hombres con armas y pasamontañas interceptaron un automóvil y atacaron a un chofer y un guardia de un hotel, que supuestamente transportaban dinero, aunque solo les robaron un sobre que contenía un cheque y documentos. En el ataque balearon al guardia Carlos Darío Sosa, quien falleció a poco de ser trasladado a un hospital.
La escalada de violencia criminal no se detiene. Mucha gente tiene miedo de salir a las calles, por temor a ser abordados por los llamados motochorros, asaltantes que se movilizan a bordo de motocicletas y que atacan principalmente a personas a quienes encuentran caminando en lugares con poca gente, tomando como víctimas preferidas a las mujeres, a los jóvenes estudiantes y a las personas de edad, que tienen menos posibilidades de defenderse. Si alguien se resiste a entregar su cartera o su celular, los delincuentes no dudan en asestar puñaladas o en disparar con armas de fuego.
Quedarse en casa o en los lugares de trabajo tampoco garantiza estar a salvo. Son muchos los casos de robos y asaltos domiciliarios, o en locales comerciales y oficinas. Incluso salir a comer a algún bar o restaurante donde hay mucha concurrencia tampoco evita la posibilidad de ser víctimas. Las grabaciones de cámaras de seguridad muestran cómo los llamados motochorros actúan tomando por sorpresa a los comensales, a quienes despojan de todo lo que tienen de valor con actos de mucha violencia, causando verdadera conmoción social.
Las justificaciones de falta de más recursos para la policía o los discursos de que existen planes a largo plazo no son suficientes. La ciudadanía reclama soluciones urgentes, que permitan que la vida cotidiana pueda proseguir sin tantos sobresaltos. Las versiones de que sectores de la Policía están descontentos ante el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para modificar la Ley Orgánica de la institución, buscando que algunas dependencias claves como Asuntos Internos, Justicia, Policía e Inteligencia Policial pasen a depender del Ministerio del Interior y ya no de la Comandancia, vuelven más compleja la situación y amenazan con que pueda existir una situación de brazos caídos.
El Gobierno debe mostrar una acción más eficaz para recuperar el control ante las bandas armadas. La corrupción que sigue imperando en ámbitos de las fuerzas policiales exige una depuración a fondo. Ayer varios agentes y jefes policiales fueron arrestados por presuntos nexos con el narcotráfico en el marco de la denominada Operación Dignidad, emprendida por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y la Policía Nacional, una plausible tarea que debe proseguir.
Recuperar la tranquilidad y la seguridad es vital para que el país pueda seguir avanzando con trabajo y desarrollo.
