En la víspera se realizó el estudio de la revocatoria de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena ante la jueza de Ejecución Sandra Silveira, ya que la procesada estaba atrasada en tres pagos, además de una firma en el libro de comparecencias.
Pero durante la audiencia Quintana presentó los documentos de los G. 6 millones que depositó a la Cruz Roja.
Además, devolvió de G. 106.263.454 a la Itaipú Binacional, como parte del sueldo que en su momento había percibido cuando se encontraba en la institución.
El caso de la llamada niñera de oro fue sacado a la luz a través de publicaciones de prensa en 2013.
Los reportajes revelaban que la joven Gabriela Quintana había sido contratada en 2008 por la Cámara de Diputados hasta el 30 de julio de 2009, como asistente en la oficina del entonces diputado Víctor Bogado, quien firmaba las asistencias en sustitución de la funcionaria, mientras que ella en realidad no concurría a la oficina estatal, sino que realizaba labores como la niñera personal de sus hijos, pero pagada con dinero público.
La supuesta niñera luego fue nombrada funcionaria de Diputados en 2010. También se reveló que Quintana fue contratada en 2013 por la Itaipú, a pedido de Bogado, trabajando y cobrando al mismo tiempo en dos instituciones estatales, situación prohibida por la Constitución.