Las instituciones responden a requerimientos concretos dictados por la realidad. Es por eso que, en el tiempo, ante el dinamismo de las situaciones sociales, aparecen nuevas necesidades y, por lo tanto, nuevas respuestas.
Históricamente, en el periodo independiente del Paraguay, las migraciones formaron parte de la vida nacional. A fines del siglo XIX, luego de la Guerra contra la Triple Alianza, llegaron los primeros inmigrantes que se sumarían a los afanes de la patria en reconstrucción.
Las emigraciones más sistemáticas y de mayor envergadura se dieron en el siglo pasado, luego de la guerra civil de 1947. La Argentina fue el destino mayoritario de los que por razones económicas o políticas buscaron refugio y trabajo en el exterior.
A ese tradicional puerto de llegada hoy se suman España y Estados Unidos.
El traslado de personas en el interior de la República es un fenómeno que en la época del dictador Alfredo Stroessner empieza a manifestarse con mayor fuerza. La ampliación de la frontera agrícola trae como consecuencia la expulsión de los ocupantes tradicionales de tierras, sobre todo de poblaciones limítrofes.
La expansión del cultivo de la soja y la práctica intensiva de cría de vacunos, en el presente, además de otras situaciones socioeconómicas, contribuyen a afianzar el traslado de las personas del campo a las ciudades. El impacto de ese fenómeno es tan elevado que hoy más de la mitad de la población de casi 6 millones de personas vive ya en áreas urbanas.
A pesar de que la entrada y la salida, así como el movimiento interno de personas, fueron siempre una realidad palpable, los Gobiernos sucesivos nunca se han preocupado seriamente por esta situación. El único intento por atender un segmento de la migración es la Ley 227, de 1993, que crea la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales. La Dirección de Migraciones, del Ministerio del Interior, regula solo lo atinente a la salida y al ingreso de las personas al país.
El grueso de la migración está desamparado. Con el recrudecimiento de las emigraciones y atendiendo a las dificultades inherentes al cambio que implica trasladarse de un lugar a otro, es perentorio que se trace una política para abordar un tema tan crucial.
Los lineamientos tendrán que comprender una institución del Estado que centralice la atención del sector, recursos económicos y humanos, y una legislación adecuada a los planteamientos del siglo XXI en la materia.
Es necesario que cuanto antes se llene este vacío. Es inadmisible que miles de compatriotas golpeados por la crisis económica se encuentren en el abandono más absoluto.