A diferencia de los otros dos primeros casos de presuntas compras fraudulentas de insumos médicos detectados en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la empresa Petróleos Paraguayos SA (Petropar), que fueron por montos mucho menores, pero que derivaron en la renuncia y separación del cargo de sus titulares, Édgar Melgarejo y Patricia Samudio, y en su posterior pronta imputación por parte del Ministerio Público, junto a otras personas involucradas, en el caso de las compras de Salud, que es mucho más grave e involucra sumas mucho más altas de dinero público, la lentitud es notoria.
Como se recordará, a principios de abril el Ministerio de Salud había adjudicado una primera compra de insumos médicos y equipos hospitalarios a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, de propiedad del llamado Clan Ferreira, en dos contratos que suman 80.000 millones de guaraníes, otorgándoles un anticipo de 17.000 millones, con el objetivo de equipar los hospitales públicos para enfrentar a la pandemia, mientras se pedía a la población que guarde estrictas medidas de cuarentena.
Sin embargo, el avión carguero llegó desde China con retraso el 18 de abril y ya desde un primer momento se denunció que los equipos no reunían las especificaciones técnicas requeridas.
Con el correr del tiempo surgieron varios indicios de irregularidades. Un lapidario informe final de la Contraloría General de la República, dado a conocer el 20 de mayo, indica que la operación de compras al Clan Ferreira estuvo viciada de irregularidades “en todas sus etapas”. Un informe más reciente de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, presidida por el ex fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, agrega evidencias más relevantes, incluyendo que los miembros del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud habrían aprobado la compra en una fecha posterior a la decisión de adjudicar la operación a las cuestionadas empresas, indicando que todo estaba previamente preparado. Esto llevó a la cancelación de los cuestionados contratos, como a una denuncia criminal del caso ante el Ministerio Público por parte de diputados de oposición y posteriormente del propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
Sin embargo, hasta ahora, a casi dos meses de instauradas las primeras denuncias, no existen imputaciones. La excesiva lentitud fiscal y judicial favorece la presunción de que hay padrinos políticos tras las mafias empresariales, a quienes se busca proteger con la impunidad. Si el caso acaba en el oparei o solo alcanza a chivos expiatorios, afectará a la confianza ciudadana en la lucha contra el coronavirus.