EFE
La mujer, que fue traslada a territorio australiano para recibir atención médica por complicaciones en el embarazo, cuestionaba en su demanda la potestad del Gobierno para enviarla de regreso a Nauru junto a su bebé, que ya cumplió un año.
El fallo, aprobado por mayoría en el pleno de magistrados, señala que la detención de la mujer, identificada como M68/2015, no era ilegal y sostiene que el acuerdo de tramitación de solicitantes que tiene Australia con Nauru es válido de acuerdo a la Constitución.
La decisión, emitida cuatro meses después de la celebración de un juicio de dos días, no solo implica que la mujer bangladesí puede ser enviada de regreso al centro de detención de Nauru, sino que cientos de inmigrantes más pueden seguir su camino.
En Australia hay 267 solicitantes de asilo, entre ellos 39 niños y 33 bebés, que también fueron trasladados por razones médicas desde los centros de detención que el país oceánico dispone en Nauru y la isla papuana de Manus.
Entre ellos se encuentra un niño de cinco años que supuestamente fue violado en Nauru y podría ser devuelto al lugar donde sigue su agresor.
El primer ministro, Malcom Turnbull, dijo que su Gobierno tendrá en cuenta el fallo y remarcó que este avala la actual política de procesamiento de las solicitudes de asilo en terceros países como “válido legal y constitucionalmente”.
“El contrabando de personas no prevalecerá sobre nuestra soberanía. Nuestras fronteras están seguras”, recalcó Turnbull en el Parlamento ante las peticiones de la oposición y activistas para que no se interne a los inmigrantes en estos centros.
“Enviar a esos niños a Nauru sería cometer un abuso contra los menores y Malcom Turnbull debe decidir si desea permitir eso”, dijo la senadora del Partido Verde, Sarah Hanson-Young.
El exdirector de un programa de protección infantil de Save The Chilidren, Lee Gordon, dijo que ha sido testigo del “devastador daño sicológico y físico que se causa a los solicitantes de asilo y refugiados que viven en Nauru”, en una entrevista a la edición australiana de The Guardian.
El Gobierno australiano impulsó un paquete de enmiendas retroactivas para reforzar sus poderes para detener inmigrantes ilegales en terceros países a raíz del caso de la mujer bangladesí, que pasó tres meses en Nauru antes de su traslado a Australia en enero de 2014.
Tras el juicio, las autoridades de Nauru modificaron el régimen de los solicitantes de asilo, que dejaron de estar detenidos permanentemente y se les autorizó a salir del centro en el que están internados.
Activistas y la ONU han denunciado la detención de inmigrantes en terceros países, que Australia recuperó en 2012, y las condiciones en estos centros, donde ha habido motines, muertes violentas y violaciones sexuales en medio de una “cultura de secretismo”.
Muchos de los inmigrantes han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías rohinyá, de Birmania, o bidún, de la región del Golfo.
