A dos años de los trágicos sucesos del llamado 31M, cuando un numeroso grupo de ciudadanos se manifestaron en contra del proyecto de enmienda de la Constitución para imponer la reelección presidencial, que se impulsaba desde sectores políticos liderados por el entonces presidente Horacio Cartes, el ex presidente Fernando Lugo y el senador liberal Blas Llano, un Tribunal de Sentencia condenó a cuatro años de cárcel al suboficial de policía Jorge Ramírez Bogarín por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, luego de ser hallado culpable de haberle disparado en el ojo a una mujer que se encontraba en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la noche del 31 marzo de 2017.
El fallo constituye un paso importante en el proceso de esclarecer y sancionar los graves excesos cometidos por las fuerzas se seguridad del Estado en aquellas circunstancias; sin embargo aún quedan muchos aspectos que deben ser debidamente aclarados por parte del sistema de Justicia.
Como se podrá recordar, la ambición política de los dirigentes del cartismo, el luguismo y el llanismo llevaron adelante una fuerte campaña buscando forzar que se apruebe la enmienda para intentar lograr la reelección presidencial, a pesar de que la misma está expresamente prohibida por la Carta Magna. Las maniobras desde el oficialismo y sus aliados, que incluyeron un atraco al Congreso para instalar un Senado paralelo, motivaron que un gran sector de la ciudadanía salga a las calles a manifestarse, provocando como respuesta una desmedida represión policial, que tuvo su momento más denso en la noche del 31 de marzo de 2017, cuando un grupo de manifestantes procedieron a incendiar el edificio del Congreso.
La violencia ejercida por la policía, además de producir graves lesiones y heridas en los manifestantes, y proceder a arrestar a cientos de ciudadanos en las calles, tuvo su corolario más trágico con el ataque policial sin orden judicial a la sede de la principal fuerza política de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico, cuando efectivos uniformados ingresaron con violencia, golpeando y disparando a quienes se encontraban en el lugar. En la oportunidad fue ultimado de un escopetazo el joven militante liberal Rodrigo Quintana y resultaron heridos otros manifestantes, como la joven Alicia Cabrera, por cuyo ataque se acaba de condenar al policía Ramírez Bogarín.
Sin embargo, en el caso del asesinato del joven Rodrigo, la Justicia solo ha responsabilizado a otro oficial de policía, Gustavo Florentín, por los disparos que le causaron la muerte, sin haberse ocupado hasta ahora de determinar quiénes dieron la orden de reprimir ilegalmente desde las cúpulas policiales o del Gobierno. Es inevitable que este juzgamiento parcial sea interpretado como una acción que desde el Poder Judicial busca proteger de manera cómplice a quienes en esa trágica noche incumplieron las más elementales normas de protocolo en el actuar de la policía, con graves delitos cometidos contra los derechos humanos.
A dos años del 31M corresponde seguir exigiendo justicia plena para Rodrigo Quintana y que se profundice una investigación judicial que pueda despejar todas las dudas de lo que pasó esa noche, como un requisito indispensable para fortalecer el funcionamiento de la Justicia y el sistema democrático.
