“La capacidad sancionatoria con objetividad, sin influencias indebidas, está directamente relacionada con la independencia del sistema judicial y esta es el resultado de medidas y mecanismos para garantizarla, tanto a nivel organizativo (cumplimiento del marco jurídico, autonomía organizativa, financiación y administración adecuada del sistema judicial) como a nivel de los jueces y fiscales individuales, mediante una gestión de personas meritocrática y clara, así como la transparencia en la asignación de los casos (OCDE, 2020). Lograr la independencia del sistema judicial y fortalecer todo el sistema de aplicación de sanciones es un desafío importante para el país”, expresa la conclusión sobre las recomendaciones internacionales.
Esto se encuentra expresado dentro del borrador del citado Plan Nacional, presentado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), el pasado jueves. Justamente, durante la presentación de dicho documento, las consultas periodísticas apuntaron al caso de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), quienes recibieron sanciones leves, tras protagonizar el escándalo de intento de estafa al Estado con productos sanitarios de mala calidad para combatir el Covid-19.
BORRADOR. El documento presentado y trabajado por representantes de varias instituciones agrupadas en el Equipo Nacional de Integración y Transparencia (ENIT), supone un borrador que sirva como base para la discusión pública, con miras a la elaboración del Plan Nacional.
En el documento base se citan las aristas a considerar a partir de los estudios internacionales, que son: Políticas de integridad y anticorrupción: viabilidad, coordinación, continuidad e implementación efectivas; Servicio civil idóneo e íntegro; Marco de control y gestión de riesgos que salvaguarde la integridad; Transparencia y participación en procesos políticos y en la gestión de políticas públicas; y Aplicación de las normas de integridad pública y sanción de casos de corrupción.
NORMAS Y SANCIONES. Sobre este último punto, se identifica que existen problemas en el método de designación de los jueces instructores; la falta de control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre estos; la falta de recursos presupuestales para los sumarios; la falta de capacitación de algunos jueces en temas de derecho administrativo; la falta de claridad legal sobre el carácter de la conclusión dictada por el juez instructor; la falta de un análisis adecuado de los antecedentes del sumario; y problemas de interpretación de las normativas, referentes al tipo de falta.
Piden que Itaipú rinda ante CGR
Referentes de la campaña entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que ordene que Itaipú remita los documentos que la Contraloría General de la República (CGR) reclama hace años para concluir la auditoría, un elemento fundamental para mejorar las condiciones del Paraguay, según indican.
