La actual escasez de reactivos e hisopos para realizar las pruebas de Covid-19 es la evidencia de lo poco que se ha avanzado en este sentido, a pesar de que el Congreso ha autorizado que el Poder Ejecutivo maneje un fondo de emergencia con préstamos internacionales de hasta USD 1.600 millones, además de otros recursos.
En ese sentido, resulta llamativa la excesiva lentitud demostrada por el Ministerio Público en la investigación de los graves hechos delictivos denunciados en torno a las millonarias compras de insumos y equipos médicos que había iniciado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A más de dos meses desde que se empezaron a comprobar las graves irregularidades, la Fiscalía sigue sin haber imputado a ninguno de los involucrados y recién este miércoles fue sorteado el juez que se encargará de sumariar a los funcionarios acusados.
Ya a principios de abril el Ministerio de Salud adjudicó una primera compra de insumos médicos y equipos hospitalarios desde China a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, de propiedad del llamado Clan Ferreira, en dos contratos que suman 80 mil millones de guaraníes, otorgándoles un anticipo de 17 mil millones, con el objetivo de equipar los hospitales públicos para enfrentar la pandemia, mientras se pedía a la población que guarde estrictas medidas de cuarentena. La carga llegó con retraso el 18 de abril y desde un primer momento se denunció que los equipos no reunían las especificaciones técnicas requeridas.
La Contraloría, en un informe divulgado el 20 de mayo, sostuvo que la operación de compras estuvo viciada de irregularidades “en todas sus etapas”. Otro informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, presidida por el ex fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, indicó que los miembros del comité de evaluación del Ministerio de Salud aprobaron la compra en una fecha posterior a la decisión de adjudicar la operación a las empresas, indicando que todo estaba previamente preparado, motivando la cancelación de los cuestionados contratos, como a una denuncia criminal del caso ante el Ministerio Público por parte de diputados de oposición y posteriormente del propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
A pesar de esto, la Fiscalía sigue sin tener a un solo imputado en el caso más grave de corrupción que se ha detectado en torno al uso de los fondos especiales de emergencia ante la crisis. La inoperancia fiscal y judicial constituye una burla para la ciudadanía, que ha debido guardar más de cien días de cuarentena, con mucho sacrificio, tiempo durante el cual ni siquiera se logró aprovisionar de insumos suficientes a los hospitales públicos.
