Al finalizar el cuarto mes del año aparecieron en las planillas de pago de salario a los estatales las famosas bonificaciones. Algunos pagos puede que tengan justificación, pero otros parecen un despropósito y una afrenta para el trabajador del sector privado, el cuentapropista o para quieren realizan trabajos a destaco (changas).
Desde hace más de un año se le pide a la ciudadanía que extreme cuidados contra el Covid-19, que no salga de la casa sin una justificación valedera. Vimos cómo las autoridades intervinieron los locales de las personas que buscaban vender sus productos y generar ingresos mínimos para el sustento diario.
Familias enteras están ajustando sus gastos y consumo diario debido a los menores ingresos que están percibiendo por las sucesivas cuarentenas que impone el Gobierno. Ante todo esto, lo mínimo que puede sentir la sociedad es indignación cuando ve que el Estado, con toda generosidad, sigue pagando todos los beneficios a sus empleados, los pocos privilegiados que están cobrando sus salarios mes a mes y sin ningún descuentos o retraso.
Las autoridades del Gobierno sostienen que no hay dinero en las arcas públicas y que, por lo tanto, ya no pueden dar respuestas a muchos reclamos ciudadanos. Sin embargo, recursos siempre hay a la hora de cumplir con quienes seguramente son sus aliados en tiempos de elecciones.
Resulta indignante para la ciudadanía ir a los hospitales y encontrarse con la falta de medicamentos porque el Estado no pagó a sus proveedores o no realizó las compras en tiempo y forma debido a la falta de recursos; sin embargo, hay dinero para cumplir con las bonificaciones salariales.
La gente no logra explicarse la actitud de los gobernantes y la forma en que se establecen las prioridades a la hora de definir los gastos y dónde colocar las monedas que aportan los contribuyentes, de tal suerte que genere el mayor bienestar posible a la población.
Centrar la utilización de los recursos solo en los pagos a los funcionarios estatales, sin duda, genera un bienestar a estos empleados, pero va en detrimento del resto de los más de 8 millones de personas que habitan en el país.
En situaciones tan delicadas como estas el Estado debería garantizar básicamente el pago del salario a sus funcionarios y ver la forma de suspender o posponer los pagos de beneficios hasta tanto se supere la situación de crisis sanitaria y económica que vive el país.
Ahora el Ejecutivo está planteando una nueva ley de emergencia en donde se le dará mayores atribuciones para restringir o regular las actividades, siempre con el propósito de frenar la expansión del coronavirus. Las posturas en contra no se hicieron esperar, tanto por considerarlas inconstitucionales como porque, como consecuencia de su situación económica, las familias ya no están en condiciones de quedarse en casa a ver cuándo termina la pandemia.
Hay sectores de servicios que por más de un año han visto reducirse sus ingresos, incluso algunos están vendiendo a precio de remate sus equipos de trabajo para cubrir las cuentas más urgentes o para tener un poco de capital operativo.
La situación sanitaria está delicada a nivel regional. Los países vecinos como Argentina, Brasil y Chile también están luchando contra la pandemia con medidas que apuntan a disminuir los contagios. Con este escenario resulta imposible que los paraguayos intenten migrar a los países vecinos en busca de trabajo.
En años anteriores, cuando la situación económica del país se tornaba complicada, los conciudadanos migraban a estas naciones en busca de trabajo, pero hoy esta posibilidad se ve muy remota.
Ante esto no nos queda otra opción más quedarnos en el país y afrontar la situación de la mejor manera posible, pero hace falta un poco más de empatía de parte del Gobierno y sus privilegiados funcionarios.
