Según el fiscal Arriola, evidentemente hubo una tala indiscriminada ya que encontraron rollos de palosanto y de otras especies autóctonas que están siendo sacadas de la propiedad de los nativos ayoreos.
El responsable, presuntamente, sería Julio César Sosa González, persona que fue citada para una indagatoria, informaron los intervinientes.
Alrededor de una laguna donde los indígenas realizan sus actividades de subsistencia se pudo constatar la quema de escolleras y la limpieza de aproximadamente 300 hectáreas, que son evidencias de la tala indiscriminada que se practica en el sitio.
La denuncia fue realizada por los propios indígenas, mediante una representación, por los hechos ilícitos detectados, que se trata de un lugar bajo cautela por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El establecimiento donde se encontraron las evidencias estaba siendo ocupado por Sosa González, quien presumiblemente sea imputado por el delito ambiental en territorio ancestral de los ayoreos de una comunidad denominada Chaidi.
En el lugar fueron sacadas fotografías de las evidencias encontradas en el momento de la presencia fiscal.
Aparentemente durante este tiempo de pandemia los delitos ambientales siguen latentes, ya que en la misma semana fue hallado el caso de taponamiento del riacho Mosquito, ubicado también en territorio indígena, esta vez perteneciente a los Maskoy de Puerto Casado.
