La Fiscalía General del Estado sigue durmiendo, mientras que la Auditoría del Ejecutivo y la Secretaría Anticorrupción confirman irregularidades en el manejo de G. 6.382 millones, alrededor de USD 1 millón, por parte del gobernador cartista de Central, Hugo Javier González.
Ayer, el auditor general del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo, remitió el informe al Ministerio Público confirmando que hubo una serie de anomalías en el manejo de los recursos millonarios otorgados para enfrentar la pandemia.
En julio pasado, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce simularon allanamientos en el marco de la investigación en la sede de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) en la ciudad de Asunción, además de estudios contables en otras zonas del Departamento Central.
De ahí a esta parte no avanzó la investigación. Tampoco imputó nadie a pesar de los reveladores informes oficiales del Ejecutivo y la denuncia realizada por la propia Subsecretaría de Estado tras detectar supuestas facturas clonadas.
confirma irregularidades. El informe presentado por Auditoría en conjunto con Anticorrupción detecta algunas inconsistencias importantes. Una de ellas es que la Gobernación de Central entregó dinero a una organización civil que no tenía capacidad técnica y financiera para hacer obras.
“El gobernador (Hugo Javier) como ordenador de gastos y máxima autoridad para el manejo y control de sus fondos, no empleó a funcionarios idóneos para el control eficiente de las rendiciones de cuentas presentadas por la Fundación CIAP y el Consejo Regional de Salud departamental”, refiere el informe oficial entregado a la Fiscalía.
El Ejecutivo recalca que se ha podido corroborar la existencia de irregularidades en la administración financiera por parte de la Gobernación de Central que devengan responsabilidades, tanto para la autoridad como para los funcionarios.
La Auditoría pone énfasis en el destino de los fondos a una fundación cuyo objeto social no se ceñía a la realización de obras públicas y pavimentación asfáltica.
“Esto se ha mencionado de manera in extensa en el presente informe, donde se ha destacado la falta de experiencia respecto al manejo para la ejecución de obras públicas”, sostuvo.
salud. En cuanto a los fondos otorgados al Consejo Regional de Salud Departamental, el informe concluye que “no se ha acreditado la documentación que habilite su funcionamiento, según lo establecido en el Decreto Nº 22385/1998 que reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Salud y los consejos regionales y locales de Salud”.
“Al destinar fondos a entidades no aptas para el manejo de los mismos, la Gobernación del Departamento Central no propició la eficiencia y la eficacia de la administración financiera”, refiere el documento que ahora está en manos de los fiscales.
Auditoría y Anticorrupción solicitan a la administración de la Gobernación de Central que entregue en 30 días un plan de mejoramiento.
El gobernador Hugo Javier se mantiene abroquelado gracias al respaldo político del sector del cartismo. A instancias de la Junta Departamental no prosperó un pedido de intervención para determinar las responsabilidades sobre el manejo de los recursos millonarios que debían ser direccionados durante la pandemia.