EFE
El 15 de agosto de 2007 un sismo azoto las costas de Perú, dejando a su paso 596 muertos, 434.614 damnificados y más de 1.200 heridos en seis regiones. Las dos ciudades más próximas al epicentro concentraron los mayores daños con un rastro de destrucción que tuvo su mayor reflejo en la ciudad de Pisco.
En Pisco, un 80% de las viviendas y construcciones de la ciudad quedó destruido, así como las carreteras de acceso, y los servicios de agua y luz, y las escuelas y hospitales colapsados.
Diez años después, según indicó a Efe el alcalde de la ciudad Tomás Andía Crisóstomo, “ya se puede decir que la ciudad anda regular”, con una reconstrucción que alcanza el “80% de lo destruido”.
“Se han recuperado todas las instalaciones físicas y servicios básicos de agua y luz. Se reconstruyeron los colegios, se avanzó con las pistas y veredas, y también se avanzó en las viviendas”, dijo el alcalde, quien sin embargo cifró este progreso no tanto en las ayudas recibidas sino en la voluntad, el esfuerzo y la presión de los vecinos para recuperar su ciudad.
Como símbolo de la destrucción, Pisco fue el foco de atención de las autoridades para su reconstrucción y recibió promesas de multimillonarias inversiones y ayudas para los afectados, que poco a poco quedaron en el olvido, atrapadas en la burocracia o envueltas en tramas de corrupción.
El gobierno de Alan García otorgó un bono de 6.000 soles (unos 1.800 dolares) para apoyar a los damnificados en la reconstrucción de sus casas.
Ese dinero, sin embargo, solo llegó a una tercera parte de los damnificados y no se empleó en muchos casos para los fines originales de reconstrucción, lo que desató incluso una investigación al respecto por el Congreso.
Luego del sismo se creó el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), un organismo encargado de administrar los recursos obtenidos para la reconstrucción de la infraestructura pública de la zona.
Ese organismo, que cambió de dirección en varias ocasiones, fue desactivado apenas cuatro años después de su creación por el presidente Ollanta Humala (2011-2016), después de que se demostrara ineficaz, pese a los cerca de 1.000 millones de dólares de presupuesto con los que contaba.
“Definitivamente no fue fácil lograr el avance, nos ha costado tener que tomar las carreteras con la población, marchar a Lima, presionar al Congreso, exigir la agilización de proyectos, agarrarnos a la cooperación internacional...”, explicó el alcalde, quien hoy en día está satisfecho con los resultados.
La necesidad de estructuras solidas ante el movimiento de la tierra
A su juicio, los mayores problemas que le restan a la ciudad, que contaba con unos 130.000 habitantes antes del temblor, es el tema de la formalización de la propiedad de los ciudadanos en las zonas donde se asentaron tras el terremoto.
También hay inconvenientes a la hora de recuperar la Plaza de Armas de la ciudad, símbolo de la catástrofe ya que sobre ella se encontraba la iglesia de San Clemente, que colapsó durante el temblor y aplastó a más de 120 feligreses.
“En 2018 tendremos presupuesto para la plaza. El templo se reconstruyó con otra infraestructura y diseño, ya que perdió toda capacidad para ser restaurado. El Palacio Municipal no se pudo reconstruir, porque es carísimo y no podemos pagarlo”, señaló.
En el lado positivo, el alcalde apuntó que la población “ha tomado conciencia” sobre los mecanismos de construcción y en estos diez años el adobe, antes el material predilecto para las edificaciones, ha desaparecido prácticamente de la ciudad.
“Eso es importante, antes no se pensaba ni en columnas ni en vigas, y hoy por hoy, los que construyen lo hacen con hierro y columnas como debe ser, y eso es por haber sensibilizado a la población en la construcción”, añadió. EFE
