La Procuraduría, autora del fallo emitido en diciembre pasado que sancionaba al burgomaestre notificó hoy oficialmente a Petro sobre su destitución, ya que el alcalde no se había presentado en la sede del órgano de control a darse por enterado de la polémica decisión.
El edicto, que estará fijado durante tres días, implica que la sanción administrativa ya estaría en ejecución, pendiente sólo de la ratificación del presidente, Juan Manuel Santos, de no ser por al menos dos tutelas emitidas en los últimos días que suspenden temporalmente la medida administrativa.
Petro fue destituido el pasado 9 de diciembre por el procurador general, Alejandro Ordóñez, por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras en diciembre de 2012.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió ayer una sentencia sobre uno de estos recursos de amparo impuesto por una ciudadana del común en el que señaló: “Se suspenden transitoriamente los efectos jurídicos del acta administrativa que sancionará disciplinariamente al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro”.
Por su parte, la Procuraduría respetó y acató los fallos de ese tribunal, pero anunció que “presentará ante el honorable Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso-administrativo) la impugnación correspondiente”, trámite en el que podrá demorarse hasta cuatro meses.
En medio de este lío jurídico, el presidente Santos reiteró hoy desde Davos (Suiza), donde participó en el Foro Económico Mundial, que su postura frente a este caso es neutral y que respetará cualquier decisión de las instituciones y de la justicia.
“Yo estoy obligado a respetar la Constitución, a respetar las leyes de la República, a respetar los fallos de la justicia y lo que tenemos que hacer es respetar esos fallos y esperar a que evolucione esa situación para poder proceder. Pero cualquier fallo de la justicia hay que respetarlo”, insistió el presidente.
En este sentido, parece que Santos tendría que esperar a conocer el concepto del Consejo de Estado sobre la destitución e inhabilitación de Petro, aunque según las leyes de ordenamiento público colombiano, el presidente dispone de 10 días para tomar una decisión sobre el futuro del alcalde mayor de Bogotá.
Mientras esto se define, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continúa fallando las tutelas que presentaron los ciudadanos para frenar la destitución del alcalde, elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, pues en los días posteriores al fallo de la Procuraduría se registraron hasta 800 recursos.
Según afirmó hoy el presidente de ese tribunal, el magistrado Carmelo Perdomo, esta labor está amenazada por “intimidaciones” de la Procuraduría, que según dijo ha contactado a algunos jueces para advertirles de posibles investigaciones si fallan en contra de la destitución de Petro.
“Para la Sala no son de recibo los argumentos de defensa del órgano de control (Procuraduría), cuando afirma que debe negarse la protección constitucional porque una decisión diferente traería consigo consecuencias desafortunadas para el funcionario judicial que la adopte”, anotó Perdomo.
El magistrado anotó que “esta afirmación va en contravía de la buena fe y atenta contra el principio de independencia judicial dado que está destinada a intimidar al órgano judicial”, actitud que cuestionó porque puede “constituir una conducta propia del derecho penal”.
Si las tutelas postergan la destitución del alcalde, se mantendrá entonces la convocatoria de un referendo revocatorio de Petro que había sido propulsado por firmas por un congresista oficialista y que está previsto para el 2 de marzo.
Petro ha considerado esta cita en las urnas como positiva, pues considera que debe ser la ciudadanía la que determine el futuro de su alcalde en lugar del procurador por una decisión política.
