Estos tres factores –económicos, sociales y políticos– son parte de un círculo vicioso que obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo. No solo significan pérdidas en la potencialidad productiva y en las oportunidades económicas de los jóvenes, y condiciones de vida inadecuadas de una amplia proporción de la población, sino también profundizan las asimetrías de poder.
La concentración de tierra implica también concentración de poder, corrupción y tráfico de influencias. La inseguridad jurídica que trae aparejada esta situación es la que le pone al país en los últimos lugares del mundo en varios indicadores.
No hay posibilidad de sistema de justicia ni institucionalidad cuando un pequeño grupo de la población detenta la mayor parte de los activos más importantes para el país. Cotidianamente se conocen casos de tenencia ilegal o ilegítima y actuaciones judiciales irregulares. Se sabe que hay millones de hectáreas de tierras públicas malhabidas sin que el Poder Judicial actúe.
La expulsión de campesinos de las tierras rurales está impulsando un rápido e insostenible crecimiento de algunas ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas, generando presiones por las tierras urbanas, que también están altamente concentradas y con precios exageradamente altos.
Así, la desigualdad económica se refleja y alimenta a partir de la concentración de las tierras urbanas y rurales, sin que haya medidas para enfrentar este grave problema. Diversos organismos y especialistas nacionales e internacionales cuentan con propuestas que deberían ser analizadas con mayor detenimiento.
Estas medidas abarcan desde el sistema impositivo como mecanismo para generar un mayor dinamismo del mercado de tierras, hasta cambios legislativos imprescindibles para hacer retroceder rápidamente la extranjerización de las tierras fronterizas. El país necesita con urgencia implementar políticas que favorezcan a la mayoría de la población. La agricultura provee alimentos sanos y baratos, contribuye a la calidad nutricional y a la seguridad y soberanía alimentaria y a la reducción de la pobreza.
En las ciudades se requieren políticas territoriales y de vivienda para garantizar un hábitat adecuado a una población que crece rápidamente, producto de la migración del campo a la ciudad. Asunción y muchos barrios del área metropolitana vuelven a ser expulsores, agregando a la desigualdad económica la segmentación territorial.
La desigualdad debe pasar a ser uno de los temas de la agenda pública. La exagerada concentración de la tierra pone a Paraguay en riesgo de ser inviable social, económica y políticamente. La inacción y estos resultados en el área rural nos deben alertar y exigir que las autoridades y organismos responsables en el área urbana propongan las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso a este importante activo.
