La calidad de la democracia está íntimamente relacionada con la calidad de la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. El artículo 117 de la Constitución Nacional, el que se refiere a los derechos políticos, señala que todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes.
Sin embargo, a pesar de que la participación constituye un derecho político, este es débilmente ejercido en nuestro país.
Considerando la actual campaña presidencial se debe señalar un escaso entusiasmo. A dos semanas de las elecciones, no solamente los candidatos no han logrado entusiasmar, sino que sobresalen con promesas difíciles cumplir, con inclinaciones más bien populistas antes que explicar sus planes de gobierno para enfrentar las más acuciantes y profundas dificultades que enfrenta el país.
Las propuestas se han limitado a meras promesas electorales, más que a presentar proyectos de gobiernos que expliquen y desarrollen cómo serían realizados. Este será pues el gran desafío para los candidatos en este último tramo de la campaña; ser capaces de dar a conocer sus ideas y planes respecto a la manera en que abordarán sensibles temas como el gasto público, o problemáticas que tanto preocupan a la población como la inseguridad o la creciente pobreza.
Al mismo tiempo, los candidatos deberían darle vitalidad a sus campañas, intentar acercarse a la gente y poder llegar de esta manera no solamente a contarles sobre sus propuestas, sino escuchar las inquietudes. Pero se debe ser muy cuidadoso en este aspecto, pues entusiasmar al elector no significa repartir por doquier promesas no solo difíciles de cumplir, como prometer gratuidades de servicios, mano dura o resolver problemas graves como el de las drogas, reduciéndolo al ámbito policíaco y penal sin enfoques de conjunto.
Un claro ejemplo de estas afirmaciones es el tan actual tema del transporte público. La problemática se agudizó en los últimos meses y de alguna manera hay un sector ciudadano que ya perdió la paciencia ante la inacción de las instituciones del Estado por el pésimo servicio que padecen los usuarios, un servicio que es proveído por interesados e insensibles empresarios del transporte. Frente a este tema, todos los candidatos se han encontrado en una posición que en el fútbol se denomina off side, totalmente fuera de juego. Eso se ha hecho bastante notorio, cuando presionados por la prensa para responder ante la creciente indignación ciudadana, y también por las revelaciones de malos manejos y posible corrupción en la administración de los millonarios subsidios que reciben los empresarios del transporte, se han limitado a repetir una letanía de promesas vacías que desnudaban una vez más que, en realidad, los candidatos de los principales partidos políticos y los demás viven absolutamente desconectados de la realidad de las personas.
Cinco años después es relevante recordar asimismo la evaluación que realizará la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de las elecciones generales de 2018, donde resaltaron que la “falta de confianza en las instituciones se agravó por la inclusión de candidatos acusados de corrupción y de tráfico de influencia en las listas de los partidos, así como también por la iniciativa legislativa de la ley conocida como autoblindaje por el Congreso, percibida por el público como una armadura para proteger a los legisladores de la pérdida de investidura”.
Nuestro sistema democrático seguirá siendo débil si la clase política no es capaz de remontar de su miseria, y no es capaz de recuperar la credibilidad ciudadana; pues sin la participación ciudadana nuestra democracia nunca será completa.