—¿Estamos todos? —preguntó la anfitriona, Sandra Quiñónez.
—Falta uno, doctora. El fiscal René Fernández no fue invitado —recordó una funcionaria de la Fiscalía.
—¿Fernández? Me suena...
—Es el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción.
—No sabía que había una institución así.
—Su hermana, María Soledad, estuvo cinco años en ese cargo, doctora.
—¡Bueh! No importa. Empecemos esta histórica cumbre. Estamos aquí a fin de articular los mecanismos interinstitucionales que nos permitirán diseñar la trazabilidad, el soporte burocrático efectivo y el modelo de informes necesarios para establecer una línea de análisis e investigación que agote las posibilidades de infringir las reglas establecidas y acabe con la impunidad.
La explicación de la fiscala se prolongó durante media hora y cuando los bostezos se contagiaban entre los presentes, la expositora anunció un resumen, que volvió a concitar la atención:
—Se trata de un proceso por etapas. Antes de abrir alguna investigación la Fiscalía solicitará que la Secretaría de Estado de Tributación realice un detallado estudio de los perfiles de riego mediante mecanismos de control cruzado y un plan de auditoría. Luego, si hay mérito, se enviará a la Contraloría General donde, a través de criterios que serán unificados, se valorarán los ingresos y egresos declarados para establecer si hay sospecha de enriquecimiento ilícito. De ser así, el caso vuelve a la Fiscalía que procederá a iniciar la investigación.
Incómodo en su asiento, el viceministro Orué preguntó:
—Perdón, fiscala, pero con todo este proceso, tardaríamos muchísimo.
—Es cuestión que nos pongamos las pilas. Por ejemplo, no puede ser que la Contraloría tarde un año en realizar un examen de correspondencia de una declaración jurada.
—Eso era antes —respondió, sobresaltado el contralor Benítez—. Antes no se hacía luego nada con las declaraciones juradas. Bien guardadas en un sótano estaban. Y cuánto menos se hacía, mejor le iba al contralor.
—Esto de las declaraciones juradas es una macanada —intervino Liliana Alcaraz, fiscala de Delitos Económicos. La Fiscalía solo puede actuar cuando tiene conocimiento pleno de evidencias que indiquen una conducta penalmente relevante. No puede actuar de oficio.
—Así mismo es fiscala —agregó, exaltado, un funcionario no identificado—. Es puro morbo de la prensa. Hasta el propio presidente de la República dijo eso la vez pasada. Además los periodistas quieren todo inmediatamente y no se dan cuenta que una investigación minuciosa requiere lentitud.
—¡Claro que sí! —apoyó una voz femenina—. Ya ven lo que le pasa a la fiscala Victoria Acuña. Le acusan de proteger al diputado Avelino Dávalos solo porque se demoró dos años en pedir un informe sobre su gestión. No piensan que ella se toma el tiempo para no cometer errores por apresuramiento. La Justicia es así, le pique a quien le pique.
—Está muy bien, pero no olvidemos el motivo de esta reunión —interrumpió la fiscala Quiñónez, intentando reencauzar la cumbre.
—¡Cierto! —gritaron varios. Vinimos a poner freno a la impunidad en el Paraguay.
—Entonces, ¡adelante! —dijo, solemne, la fiscala.
Los presentes se pusieron de pie, levantaron sus brazos al cielo, y exclamaron al unísono:
—¡Roguemos al Señor!
Todos sentían que un tiempo nuevo estaba comenzando.
