El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Cristian Kriskovich, mencionó que mantuvo una reunión con el titular de la Corte Suprema y también miembro de dicho órgano, José Raúl Torres Kirmser, donde se tomó el compromiso de acelerar las decisiones que toma dicha institución con respecto a las suspensiones, enjuiciamiento o remociones de fiscales y jueces.
Esto teniendo en cuenta que la máxima instancia judicial tarda días, meses y hasta años para ejecutar lo que deciden los miembros durante una sesión.
“Con el presidente de la Corte coincidimos en que cuando haya decisión, el mismo día el Jurado va a firmar la resolución y al día siguiente se va a notificar al Poder Judicial, que hará inmediatamente lugar”, explicó Kriskovich.
Entre los casos más recientes se encuentra la remoción de las juezas Haydée Barboza y Mónica Rivas, de Alto Paraná, quienes supuestamente habían anulado las pruebas contra dos supuestos narcotraficantes, alegando que la evidencia sufrió alteraciones.
Dicha resolución salió el pasado 11 de setiembre, sin embargo a la fecha la Corte aún no hace efectiva.
Tampoco en lo que hace a la suspensión del juez penal de Garantías N° 10, que se resolvió el 28 de agosto pasado.
El magistrado lleva actualmente la causa que investiga a Reinaldo Cabaña, alias Cucho, y a otros 31 imputados, entre ellos se encuentran el diputado colorado Ulises Quintana y varios policías. Los mismos están sindicados como supuestos integrantes de una banda criminal que se dedicaba al narcotráfico en el Departamento de Alto Paraná.
reunión con aso de fiscales. Por otra parte, Kriskovich refirió que mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Agentes Fiscales, quienes solicitaron que se cumplan las garantías procesales en los enjuiciamientos llevados a cabo por el ente juzgador.
“Nosotros reivindicamos que en cualquier proceso que derive una sanción tiene que haber garantías mínimas que establecen la Constitución y parte de los derechos humanos, el derecho a ser oído, el derecho a las pruebas, el derecho a que se le advierta por qué se le está investigando tanto en lo civil, administrativo o penal”, expresó el presidente del gremio de fiscales, Ricardo Merlo Faella.
También añadió que se le propuso una mesa de diálogo para establecer y conocer las posturas del JEM y su posterior análisis para cumplir con los estándares internacionales, en caso contrario se podría exponer al Paraguay ante la presentación de denuncias.
Finalmente, Merlo dijo que también plantearon trabajar en forma coordinada para modificar la ley de dicho órgano extrapoder.