09 feb. 2025

La Corte ratifica penas a dos hermanos miembros del EPP

Quedó firme la condena de 12 años de cárcel para los hermanos Víctor y Gregorio Morales Martínez, quienes fueron hallados culpables de ser apoyo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Esto, porque la Sala Penal de la Corte declaró inadmisibles los recursos de casación promovidos por las defensas de los dos procesados.

El fallo fue dictado en forma unánime por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes.

En el caso, el 26 de junio del 2020, los jueces Richard Alarcón, Jovino González y César Ibarra los hallaron culpables de asociación criminal y asociación terrorista, por lo que los condenaron a 12 años de encierro penitenciario.

Esto fue confirmado luego por el Tribunal de Apelación Multifueros de Concepción por resolución del 24 de febrero del 2021.

La defensora pública Marta Villalba, por Víctor Morales; y Sinthia Ruiz Froez, por Gregorio Morales, plantearon recursos de casación contra el fallo de segunda instancia.

Alegaron resoluciones contradictorios con otros fallos de la Corte, a más de que la resolución no se halla correctamente fundada.

La fiscala adjunta Soledad Machuca pidió declarar inadmisibles los recursos promovidos por las defensas.

El ministro Benítez Riera fue preopinante. Explica que las defensas no presentaron las copias autenticadas de los fallos que supuestamente contradicen al que se cuestiona.

Además, alega que no se especificó cuáles son los puntos donde existe supuesta falta de fundamentación de la resolución, por lo que señala que debe declararse inadmisible. La ministra Carolina Llanes se adhirió al voto.

El ministro Ramírez Candia, si bien se adhirió también al voto, explicó que no hace falta presentar copia de los fallos de la Corte, ya que no son requisitos del recurso, según el Código Procesal Penal. Al final, se declaran inadmisibles ambos recursos.

Los hermanos Morales Martínez fueron detenidos en una serie de allanamientos hechos por la Fiscalía y la Fuerza de Tarea Conjunta el 28 de enero de 2016, en el asentamiento Agüerito, zona de Yaguareté Forest, distrito de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

En principio, se dijo que ambos habrían participado en la muerte de 5 policías y la quema de una patrullera ocurrida en Agüerito, en julio de 2015, aunque esto no se probó.

Tanto la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Servicio Paz y Justicia en América Latina cuestionaron la falta de pruebas en el caso.