La liberación ocurrió durante la madrugada del pasado domingo y existen fundadas sospechas de complicidad. El país despertó este domingo con las imágenes del túnel que habían construido los internos para ganar la calle; sin embargo, cuando saltaron las alarmas, ya los reos estaban en la calle. Fueron halladas alrededor de 200 bolsas con arena, apiladas en una de las celdas, y llamativamente ningún guardiacárcel reparó en el detalle, como tampoco repararon en los ruidos que hicieron los albañiles mientras cavaban el túnel.
Los reos fugados son considerados de alta peligrosidad, entre ellos se encuentran seis hombres vinculados a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien es sindicado como capo narco, líder del PCC, capturado en febrero del 2019 en Balneario Camboriú, Brasil.
Tras este nuevo fiasco, el Gobierno ya ha tomado algunas decisiones: fueron destituidos el director de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, Cristian González, y el jefe de seguridad, Matías Vargas. Asimismo, 28 guardias de la penitenciaría fueron detenidos y serán investigados.
Según la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, el gran problema a erradicar es la corrupción en el sistema penitenciario. Sin embargo, debemos discrepar con ella, pues la corrupción en el sistema es tan solo un aspecto del problema.
En el penal de Pedro Juan Caballero, los internos de alta peligrosidad se encontraban alojados en lujosas celdas vip; estos reclusos contaban con aire acondicionado, televisores plasma, bebidas alcohólicas, armas y drogas. Los fugados tuvieron incluso la tranquilidad suficiente para llevarse también sus electrodomésticos y otros objetos que tenían en sus celdas antes de huir.
Lo que se debe asumir de una vez es el hecho de que el Primer Comando Capital (PCC) hace lo que quiere en nuestro país. Desde hace décadas ha comenzado a “ocupar” las cárceles y se ha dedicado a estructurar su lucrativo y sangriento negocio; desde celdas vip con lujos y privilegios.
El otro aspecto –siempre ignorado por las autoridades– es la forma en que sobreviven los presos que no gozan de los privilegios del crimen organizado. Estos viven –a diferencia de los miembros del PCC— en condiciones precarias, soportando todo tipo de incomodidades.
El Estado paraguayo está ausente para la franja mayoritaria de la población carcelaria, que subsiste ignorada en condiciones de miseria absoluta. En ese proceso, los sucesivos gobiernos nada hicieron para poner obstáculos al crecimiento del poder del crimen organizado.
El mismo Estado ausente, que no asegura a sus ciudadanos salud, empleo ni educación, es el que vulnera los derechos humanos de los pobres en las prisiones y, al mismo tiempo, hace la vista gorda cuando los criminales integrantes de bandas como el PCC o los grupos de narcos gobiernan las prisiones y se convierten en el verdadero poder. El crecimiento del crimen organizado en las cárceles fue exponencial, y no podrá ser derrotado solo con discursos sobre la corrupción e improvisaciones.