Esta es la principal recomendación del informe “Colombia: situación humanitaria” sobre la acción de 2013, pues esta organización imparcial, neutral e independiente ha constatado en el terreno que “el día a día de millones de colombianos sigue siendo una realidad de violencia armada”.
Así lo expuso hoy el coordinador del CICR en el país, Jordi Raich, quien puntualizó que “esa realidad de violencia convive con las esperanzas que generan los diálogos de paz” que mantienen el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana desde noviembre de 2012 y que pueden terminar “en 2014 o en 2015".
Pero mientras tanto, Raich exhortó a las partes a contemplar la posibilidad de explorar acuerdos humanitarios “que no menoscaben el acuerdo final pero que tuvieran impacto en la vida de la población”, y ofreció los buenos oficios del CICR, presente en Colombia desde hace más de cuarenta años.
Por ejemplo, el CICR considera que un acuerdo previo muy útil sería en materia de desaparecidos, de manera que las partes podrían “intercambiar información sobre estas personas para que las autoridades” o el mismo organismo pudieran empezar a trabajar en ese sentido.
En 2013 fueron reportadas 7.464 desapariciones y el total de personas en paradero desconocido al final del año era de 67.195, lo que acredita que esta consecuencia del conflicto puede ser “un tema muy importante para el eventual postconflicto”, según Raich.
El coordinador del CICR recordó que en muchos acuerdos de paz internacionales se han incluido cláusulas para resolver la problemática de la desaparición, por lo que sería interesante contar de antemano con el compromiso de los responsables para revelar esa información.
Otros frentes delicados para el postconflicto serán el del desplazamiento forzado, que es una consecuencia humanitaria de situaciones violentas anteriores, y el de la contaminación por armas, pues las minas antipersonales y los restos de material de guerra suponen un riesgo tanto en el campo como en la ciudad.
El CICR actúa en estas áreas con ayuda de emergencia, proyectos productivos para desplazados y capacitaciones para prevenir la explosión de los artefactos abandonados, aunque según apuntó Raich, “la limpieza de restos explosivos cogerá velocidad después del fin de este conflicto armado”.
“A futuro, algún día va a haber un acuerdo de paz (con las guerrillas) y este conflicto armado de medio siglo va a llegar a su fin pero todos somos muy conscientes de que de la violencia puede seguir a cargo de las bandas criminales”, advirtió Raich.
En su reciente informe anual, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también destacó a estas bandas de origen paramilitar y actividad criminal como responsables de las más cruentas formas de violencia.
El CICR alertó en su documento de 2013 de que la violencia no sólo transcurre en el campo colombiano, pues se registraron 207 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en 39 cascos urbanos.
Otros frentes que atiende esta organización son las muertes y amenazas, la destrucción y ocupación de bienes civiles, la satisfacción de servicios básicos deficientes, la violencia sexual, el impacto del conflicto en mujeres y menores de edad y las personas privadas de su libertad, ya sean presos o secuestrados.
El CICR medió el año pasado en la liberación de 25 personas que habían sido secuestradas por grupos armados ilegales e hizo un fuerte trabajo para interceder en los casos de obstaculización a misiones médicas que se registraron en las multitudinarias marchas campesinas que en 2013 atascaron las vías del país.
El año pasado, el CICR registró un total de 617 afectaciones contra la población en entornos rurales y urbanos frente a las 880 que se reportaron en 2012, mientras que 235.000 personas recibieron ayuda directa e indirecta del organismo.
