11 feb. 2025

La CGR deberá cotejar declaración jurada de Roa tras dejar el cargo

Contraloría debe recepcionar y examinar la DJ que presentará por su salida el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien adquirió un yate por USD 400.000.

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, manifestó que el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, deberá presentar su última DJ tras dejar el cargo, y allí podrán realizar el examen. Esto con base en informaciones de bienes de lujo adquiridos por el ex titular de la cartera de Emergencia de manos del presunto narco detenido Alberto Koube, y su empresa Tapyracuai.

Torres recordó que Roa asumió como ministro de la SEN ya en el gobierno de Horacio Cartes en el año 2013 y que continuó en el cargo hasta ayer con el gobierno de Mario Abdo Benítez, por lo que recién ahora debe presentar su declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) por dejar el cargo. “La Constitución y las leyes le exigen al funcionario presentar su declaración jurada de bienes y rentas dentro de los 15 días de haber asumido en el cargo, y en igual término al cesar en el mismo”, explicó, con lo que se deduce que Roa tiene 15 días, desde ayer, para presentar sus papeles.

Actualización. El director de la CGR explicó que solamente los legisladores deben renovar sus declaraciones juradas en cada periodo legislativo, pero que los funcionarios públicos no tienen la obligación de actualizar su DJBR. Esto en alusión a que el ex ministro Roa presentó su declaración jurada en el año 2013, al ingresar, y luego realizó una actualización en el 2014 por última vez, y la adquisición del yate se dio en el año 2018, según dijo el mismo, a partir de préstamos que contrajo con el Banco Amambay SA (Basa), propiedad de Horacio Cartes. “En el año 2018 ya plantearon este tema, pero él (Joaquín Roa) no tuvo siquiera un decreto de confirmación, por lo cual no estaba obligado a presentar su declaración jurada. Entonces, él no ha incumplido ninguna ley al no presentar porque no cesó en el cargo, como está establecido, por más que haya cambiado de gobierno, no existe esa obligación si no tuvo baja del cargo o ascensión al cargo”, explicó.

Los datos. En el año 2013, Roa declaró ser de profesión comerciante, con bachiller en Ciencias y Letras, con un patrimonio neto de G. 4.129 millones, donde sus bienes más cotizados era un depósito de USD 1.507.000 en un banco de plaza, otros depósitos por G. 20 millones, una moto sky de G. 36 millones, y una lancha de G. 202 millones, además de acciones en las empresas Rocatex SRL por G. 500 millones, Pachamama SA por G. 375 millones, y Amicitia SA G. 2.250.000.

Un año después, en el 2014, Roa realizó una actualización de su DJ, pero con una caída drástica en el monto de su patrimonio neto, que bajó de G. 4.000 millones a G. 1.250 millones. Según el propio Roa, el yate compró en el 2018 por USD 400.000, con préstamos de Basa.


Abogado afirma que el Estado no debe devolver el yate al ex ministro
El abogado José Casañas Levi manifestó a la Monumental 1080 AM que el Estado paraguayo no tiene la necesidad de devolver el yate evaluado en USD 400.000 al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa.
“En este caso, los investigadores harán el análisis del precio al que compró, sus ingresos y otros puntos. En caso que se demuestre todo correctamente, el Estado debe indemnizar, pero no devolver el yate”, dijo.
El abogado y asesor jurídico del Senado, ex jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), explico que los bienes obtenidos directa o indirectamente de una actividad criminal pueden ser decomisados, el Estado se queda con los bienes, y no puede devolver.
“En las investigaciones de asociación criminal, generalmente, está vinculado, salvo muy pocas excepciones, el lavado de dinero. Esto consiste en que la persona que tiene el producto ilícito de la actividad criminal lo invierte en negocios lícitos, ya que no puede meter en un banco porque por la cantidad no puede explicar”, señaló.
Dijo que esto lleva a los criminales a invertir el dinero en algún tipo de negocio como los de venta de vehículos, estancias, supermercados, etc., y cuando la investigación llega a ese punto, y establece las ramificaciones comerciales de la actividad criminal, los bienes que fueron obtenidos, directa o indirectamente, de dicha actividad, pueden ser decomisados.
“El Estado se puede quedar con esos bienes. Lógicamente, como son actividades comerciales con apariencia de formalidad; habrá personas que realizaron actividades sin saber, pero en esos casos los que dicen haber actuado de buena fe deben ser evaluados por los investigadores para determinar la legalidad del acto y si corresponde indemnizar, según lo establece la ley. “Si se comprueba que el ministro Roa compró el yate de buena fe, el Estado tendrá que indemnizarlo sin devolverlo”, dijo.