El grupo, denominado Soberanos y liderado por Amado Boudou, ministro de Economía y vicepresidente de Argentina durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), propone que el Ejecutivo, antes de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, acuda a Naciones Unidas.
En concreto, el colectivo sugiere que el Gobierno solicite a la Asamblea General de la ONU que le pida a la Corte Internacional de Justicia una “opinión consultiva” y que ese tribunal se expida “sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo” de 2018.
Hace tres años, el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) firmó con el Fondo un acuerdo de auxilio financiero por hasta 56.300 millones de dólares, de los que finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares, generando una deuda que actualmente ronda los 43.300 millones de dólares.
Según lo pactado en 2018, Argentina debería pagar al FMI esa deuda en los próximos tres años, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar. EFE