Por el caso de la firma Insumos Médicos SA (Imedic) sobre los insumos chinos para la actual pandemia irán a juicio oral y público el empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, a más de otros tres coprocesados. Hubo dos sobreseídos, uno de ellos, ya fallecido por Covid-19.
La resolución fue dictada ayer por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien admitió la acusación presentada por los fiscales Osmar Legal, Jorge Arce y Diego Arzamendia durante la audiencia preliminar que duró dos días.
Así, además de Justo Ferreira y su hija Patricia, irán a juicio oral, Carlos Alberto Gamarra González, Guillermo Andrés Molinas Camps y Gustavo Adolfo Ocampos Acosta Acosta, todos procesados por la causa.
Por su parte, fueron sobreseídos Lauri Mauro Pohl y Mario Joel Olmedo. Este último falleció de Covid-19, según informó ayer su defensa en forma oficial, con lo que se dispuso la extinción de la causa.
Contra los Ferreira y Gamarra, se habla de presuntos hechos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Contra Molinas y Acosta, son cargos por presunta colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de aduanas.
La acusación fiscal dice que Justo Ferreira, como apoderado de la firma Insumos Médicos SA, como de las empresas Metaway SA y Glasgow SA, junto con su hija y los coprocesados, participaron de una estructura delictiva en torno a las compras de insumos médicos.
Indican que dentro del marco de la pandemia actual, el Ministerio de Salud llamó a licitación para adquirir en forma urgente insumos y camas para Covid-19 en abril del 2020.
Así, dicen los fiscales que la empresa de los acusados resultó adjudicada por el importe de G. 47.952.500.000.
De ellos, debía proveer 1.700.000 máscaras con filtro de protección por G. 33.660.000.000; a más de 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y 50 camas manuales para pacientes por un monto de G. 212.500.000.
Alega la Fiscalía que por la urgencia del caso se realizaron trámites aduaneros con un documento borrador, donde no se detallaron la totalidad de los productos. Sin embargo, la firma estaba importando 50 camas eléctricas de alta gama, no previstas en la licitación, por lo que las mismas ingresaron en forma irregular.
Además, alega el Ministerio Público que se solicitó autorización para importar otras 400 camas, pero con documentos adulterados.
DEFENSA. La defensa de Justo Ferreira y la de su hija plantearon la nulidad de la acusación del Ministerio Público porque en ella no se precisa exactamente qué es lo que hizo cada uno de los procesados.
Además, requirieron también el sobreseimiento definitivo teniendo en cuenta que entienden que no se dieron los hechos punibles acusados, por lo que no había hecho punible.
El juez Otazú señaló que la acusación fiscal cumplía con los requisitos legales, que sí había un relato de los hechos, por lo que rechazó la nulidad de la acusación, así como el sobreseimiento definitivo de los procesados.
Finalmente, elevó el caso a juicio oral contra los encausados, entre ellos, Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira. La defensa estudiará si recurre o no la decisión del magistrado.
Fiscales llaman a ex ministro como uno de los testigos
En la acusación fiscal, se ofrecen nada menos que 41 testigos, entre los que figuran el ex ministro Julio Mazzoleni, además de los diputados Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Celeste Amarilla y Celso Kennedy. Además, el Ministerio Público ofreció las testificales del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; del ministro Anticorrupción, René Fernández; del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui; de la ministra de la Senad, Zully Rolón, entre otros.Tanto el ex ministro Mazzoleni como los diputados fueron los que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, de ahí que los citen para la declaración ante el Tribunal de Sentencia que juzgará a los acusados. También hay 74 pruebas documentales.
