Opinión

Justicia y políticas públicas para comunidad trans

Lida Duarte Por Lida Duarte

Desde el 2016 contamos con una Ley de protección integral a las mujeres que aborda la desigualdad, discriminación y sobre todo la violencia en los diferentes espacios sociales. Por primera vez se registró en una normativa paraguaya la figura de feminicidio, una herramienta que sirve para identificar entre los homicidios, los que se perpetran por razones de género, pero poco se pudo avanzar respecto a los demás puntos que tratan de raíz el problema de dominación masculina. Mucho tiene que ver la falta de voluntad de las instituciones y de los gobernantes que marcan líneas de acción opuestas al camino hacia la igualdad.

Tampoco podemos negar que la Ley N° 5777 tiene aspectos discriminativos, pues los parlamentarios y parlamentarias que la aprobaron se basaron en la identidad biológica de las víctimas y no en el género y en este sentido excluye a las mujeres trans de la protección estatal. Tampoco existe una ley contra toda forma de discriminación, un proyecto que solo reglamenta la Constitución Nacional, pero que permanece archivado en el Congreso debido no solo a la oposición de legisladores y legisladoras de derecha, sino también a raíz de una fuerte campaña de rechazo por parte de la Iglesia.

Hay que admitir que hubo algunos pasos hacia adelante con la implementación de un protocolo de atención personas trans privadas de libertad y la recomendación del Ministerio de Salud sobre el uso del nombre social, según rescata la comunidad Lgtbi o TLGB en el informe de derechos humanos publicado por Codehupy en el 2020, que además documenta la primera condena por el asesinato de una persona trans, donde fue víctima Romina Vargas. Se trata de un caso histórico en medio de más de 60 feminicidios o transfemicidios impunes desde la caída de la dictadura.

Esto no se hubiese logrado sin la presión de la comunidad Lgtbi, apoyada por las organizaciones feministas que promueven la deconstrucción de la sociedad respecto a la cultura patriarcal. El activismo permitió también la habilitación de Kimberly como abogada, quien se convirtió en la primera mujer trans en ejercer esta profesión luego de varios intentos, mientras está a pleno la campaña Soy real, mi nombre debe ser legal para que ella y sus compañeras puedan actualizar sus documentos con el nombre que verdaderamente las identifica, ya que no hay impedimentos legales, solo caprichos judiciales.

En paralelo persiste la violación de derechos humanos con las detenciones arbitrarias y torturas, el abuso de policías y militares hacia las personas trans y la discriminación en el acceso a la Justicia, ya que los casos quedan impunes.

Es así que el Estado es también cómplice de la violencia que sufría Gabi Cabrera y ahora tendrá que responder a las dudas que rodean a su fallecimiento.

Los estudios preliminares sostienen que la muerte de Gabi es un suicidio, pero sus compañeras no solo dudan del diagnóstico sino que denunciaron la brutal golpiza que recibió días atrás en San Lorenzo y cuya evidencia audiovisual muestra la crueldad con la que actuaron los agresores, a lo que se suma el ataque que recibió en marzo y que la dejó inconsciente. Esto sin mencionar que si se tratase igualmente de un suicidio, la Fiscalía debe investigar las posibles causas para implementar políticas públicas de prevención.

Las protestas bajo la consigna #JusticiaParaGabi consiguieron que el caso se estudie con la seriedad que corresponde, pero además lograron que por primera vez la Comisión de Derechos Humanos del Senado se dirigiera a la comunidad Lgtbi como víctima de discriminación y violencia, reconociendo que las personas trans son impedidas de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Es tanto el atraso de Paraguay en materia de derechos que debemos exigir justicia por los crímenes de odio cuando tendríamos que estar hablando de cupos laborales para las personas trans.

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