Editorial

Justicia mediocre no para de proteger a políticos sospechados

Desde hace ocho meses, el proceso judicial por lesión de confianza en calidad de instigador que se le sigue al senador colorado cartista y caudillo esteño Javier Zacarías Irún se encuentra sin juez, sin que puedan avanzar las acciones, debido a las chicanas de sus abogados y a las dilaciones del propio sistema judicial, causando la paralización de uno de los procesos considerados emblemáticos sobre presuntos hechos de corrupción que envuelven a reconocidas figuras del ámbito político. Al igual que sucede con otros juicios similares, las excesivas dilaciones favorecen la impunidad. Las autoridades deben buscar la manera de evitar que los casos sigan congelados, frustrando las exigencias ciudadanas de que se haga justicia.

Un verdadero laberinto judicial, digno de una novela del escritor Franz Kafka, es el que rodea al proceso en el cual el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún ha sido imputado por el delito de lesión de confianza en calidad de instigador, ya que el mismo se encuentra paralizado, debido a que desde hace ocho meses no cuenta con un juez que pueda tomar decisiones en la causa.

El principal referente del llamado clan Zacarías, grupo político que retuvo el poder en la administración municipal por cerca de 18 años en Ciudad del Este, como también en la Gobernación del Alto Paraná con influencias en el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, Aduanas y otros ámbitos, tiene dos imputaciones, con un segundo proceso por declaración falsa. Se halla principalmente involucrado junto con su esposa Sandra McLeod, quien fue destituida de su cargo como intendenta municipal de Ciudad del Este en febrero de este año por la Cámara de Diputados, luego de que una intervención del Poder Ejecutivo halló 27 casos de irregularidades. Ese mismo día, el senador Javier Zacarías Irún fue desaforado para ser investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

En el proceso por lesión de confianza, la fiscala Josefina Aghemo solicitó la prisión preventiva para el senador Zacarías el 11 de marzo de este año, pero a pesar de que ya han transcurrido ocho meses, el legislador aún no fue sometido a la audiencia de imposición de medidas, porque la causa se encuentra sin juez.

En un laberíntico proceso, la causa recayó en el Juzgado Penal de Garantías Nº 1 de Ciudad del Este, a cargo de la magistrada Teresita Cazal, pero esta se inhibió del abogado Marcos Fernández, alegando amistad con el profesional. La causa fue remitida al Juzgado Penal de Garantías Nº 6, a cargo de Dólica Giménez de Liuzzi, quien impugnó la inhibición de su colega. El expediente fue remitido al Tribunal de Apelaciones de CDE, pero los camaristas Isidro González, Aniceto Amarilla y Miryan Meza de López fueron suspendidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por liberar a un ex policía condenado por abuso sexual en niños, por lo que la situación hasta la fecha está pendiente de resolución, sin un juez.

La fiscala Aghemo había requerido la prisión del senador Zacarías Irún, debido a que supuestamente habría obstruido la investigación, incluso alertando sobre allanamientos que iba a realizar el Ministerio Público con filtraciones de información confidencial, pero no hubo decisión al pedido. El legislador Zacarías sigue cumpliendo sin ningún problema su función legislativa, con activa participación en ámbitos del partido de gobierno, del cual es vicepresidente tercero.

La paralización de uno de los procesos considerados emblemáticos sobre presuntos hechos de corrupción que envuelven a reconocidas figuras del ámbito político, al igual que sucede con otros juicios similares, favorece a la impunidad. Las autoridades deben buscar la manera de evitar que los casos sigan congelados, frustrando las exigencias de la ciudadanía de que se ponga un alto a los alevosos hechos delictivos cometidos por la clase política y se haga justicia.

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