Causas judiciales que se prolongan años. Condenas en pocos casos y leves. Investigaciones que se demoran y recién avanzan cuando hay presión internacional. Estas son solo algunas de las circunstancias a las que se enfrentan el Poder Judicial y el Ministerio Público ante la corrupción política en el país.
El viernes pasado la Fiscalía realizó cuatro allanamientos en el marco de la investigación de un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al cambista brasileño Darío Messer y al ex presidente Horacio Cartes, entre otros. Los procedimientos se hicieron recién casi un mes después de que un juez brasileño solicite la prisión del ex mandatario por el Operativo Patrón.
Unos días antes, el departamento de Estado de Estados Unidos anunció que canceló de forma permanente la visa para que ingresen al país el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Ambos están procesados ante la Justicia paraguaya. En el caso de González Daher, en una causa por tráfico de influencia –donde también está procesado el ex senador Jorge Oviedo Matto– y en otra por enriquecimiento ilícito, mientras que Díaz Verón enfrenta un proceso por lavado y enriquecimiento. Los procesos se iniciaron tras publicaciones periodísticas que arrimaron pruebas de los presuntos hechos.
CAJONEO Uno de los principales problemas de la Justicia a la hora de procesar a políticos de peso es la lentitud de los procesos judiciales. Esto ocurre, por ejemplo, con el ex senador Enzo Cardozo, quien enfrenta dos procesos por el presunto desvío de más de 71 mil millones de guaraníes durante su gestión como ministro de Agricultura y Ganadería. Las dos causas empezaron en 2013 y 20214 y hasta ahora ninguna fue siquiera elevada a juicio.
También en 2013 fueron imputados el ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza y el ex diputado Milciades Duré, por la compra irregular de tierras de la empresa San Agustín en la que, según la Fiscalía, existió un perjuicio patrimonial al Estado de más de G. 63 mil millones.
Mediante distintos incidentes y acciones ante la Corte Suprema de Justicia, los procesados dilataron el proceso durante varios años. Tanto Cardozo como Duré son ahora miembros del Parlasur.
LEGISLADORES Actualmente son seis los legisladores que enfrentan procesos judiciales: Los diputados Tomás Rivas, Carlos Portillo, Teófilo Espínola, Miguel Cuevas y Ulises Quintana y el senador Javier Zacarías Irún. Por otro lado, otro grupo de parlamentarios está bajo investigación pero no imputados, como los diputados Esteban Samaniego, Rocío Abed y Justo Zacarías.En la misma situación se encuentra el senador Luis Castiglioni, quien renunció al cargo de Canciller tras el escándalo de la firma del acta bilateral secreta entre Brasil y Paraguay por energía de Itaipú que está bajo investigación fiscal.
EL IMPACTO DEL LAVADO EN LA POLÍTICA
FRÁGIL. El Poder Judicial y el Ministerio Público aún muestran un frente endeble ante la clase política.
LENTITUD. Casos judiciales se estancan años en tribunales y las condenas son pocas y exiguas.
Las condenas son esporádicas y las penas leves
En los últimos años, las condenas a políticos fueron hechos aislados dentro del sistema judicial. El último político de peso en ser condenado fue el ex senador Víctor Bogado, quien en mayo fue encontrado culpable de tráfico de influencias y condenado a 1 año de cárcel, pero con suspensión de la pena. Días atrás, el ex parlamentario decidió demandar al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por violación de sus derechos humanos fundamentales”.
Otro caso reciente fue el de José María Ibáñez, el ex diputado que el año pasado admitió ante la Justicia haber hecho figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados de su quinta privada. Fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, con lo cual quedó libre de antecedentes penales tras la donación de un generador a un leprocomio. A pesar de haber admitido su responsabilidad, la Justicia no condenó a Ibáñez ni elevó el caso a juicio. Ibáñez fue obligado a renunciar a su banca en Diputados, mientras que Bogado fue destituido.