Apoco de que se conociera la muy leve condena dada por un Tribunal de Sentencia en uno de los procesos judiciales emblemáticos en torno a la corrupción, y que había sido postergado durante años a través de chicanas, el caso del senador colorado Víctor Bogado y la llamada niñera de oro, se supo también de la sorpresiva visita que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó el pasado martes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Fue inevitable que se generen s especulaciones en torno a la reunión, celebrada a puertas cerradas durante más de un hora, ya que la misma se efectuó a pocos días de que los ministros de la Corte designen al nuevo titular de la Defensoría Pública, una elección que se considera formaría parte de un pacto político.
El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, se ocupó de informar sobre los puntos hablados durante la visita, explicando que los mismos contemplaron el reclamo de seguridad jurídica para las inversiones, una mayor transparencia en el actuar de la Justicia, así como la necesidad de evitar influencias externas y principalmente políticas en los fallos judiciales.
Precisamente la interpretación que se ha hecho de la visita del presidente a los ministros –una posible injerencia política en el accionar de la Justicia– habla de lo difícil que será para el titular del Ejecutivo cumplir su promesa electoral de ayudar a renovar la Justicia y a la vez mantener una imagen de respeto a la independencia del Poder Judicial. Y ese es un gran desafío que tiene: ayudar a renovar la Justicia sin presiones, y buscando siempre el bien mayor, el bienestar para todos los paraguayos.
Aunque ya se han producido los cambios de tres ministros de la Corte y en los próximos meses se producirá el cambio de otros tres miembros de la máxima instancia judicial, el simple cambio de nombres o de rostros no resultará suficiente mientras no se produzcan resultados más eficaces y contundentes para poder recuperar la gastada desconfianza de la ciudadanía.
El Poder Judicial en el Paraguay sigue siendo considerado uno de los más corruptos e ineficaces en la región. Una investigación llevada a cabo en 2018 por el Instituto de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Universidad Nacional de Pilar señala que el Poder Judicial y el Ministerio Público son las instituciones en que menos confía la ciudadanía. El Foro Económico Mundial sitúa al Paraguay entre “los peores calificados en independencia judicial”.
Entre los puntos de un reciente informe publicado por este diario se menciona, además, la elevada mora judicial, el alto número de presos sin condena y el caótico sistema penitenciario (16.000 presos en cárceles que tienen capacidad para mucho menos de 10.000 reclusos), como la gran sumisión de jueces y magistrados ante el poder político y los intereses económicos.
La renovación del sistema de Justicia es urgente y necesaria, y deberá darse sin injerencia directa del actual poder político. Habrá que mostrar resultados creíbles para la ciudadanía.
