Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos e incluso la existencia de un informe de la Contraloría que asevera las denuncias, la Fiscalía no avanzó en el caso y ni siquiera formuló imputación. Acuña está a cargo del caso, y, según los denunciantes, prometió celeridad, pero hasta el momento no pasó de algunas diligencias.
Por ello, mediante el Oficio Nº 445/2020, el Jurado, presidido por el senador colorado Enrique Bacchetta, pide que la fiscala remita “las compulsas actualizadas del cuaderno de investigación fiscal” relacionadas con la causa.
Fueron concejales departamentales quienes realizaron una primera denuncia contra Dávalos en 2018 y la segunda fue radicada en julio del 2019. Ante las sospechas de corrupción, solicitaron una auditoría interna y externa y hallaron varios gastos sin documentos respaldatorios.
Una de las irregularidades denunciadas por los concejales involucra a una empresa que proveía el almuerzo escolar, que reclamó que la Gobernación le adeudaba G. 2.500 millones. Sin embargo, según la auditoría, el dinero fue cobrado, pero se desconoce quién lo recibió.