La fiscala anticorrupción había imputado en febrero al parlamentario liberal por el delito de administración en provecho propio e incluso solicitó su captura.
Al respecto, Acuña indicó que al momento de formular la imputación, desconocía que Acosta era diputado. Dos meses después, la agente reconoció que no existen suficientes pruebas, por lo cual solicitó el sobreseimiento definitivo del legislador.
Tras el pedido de sobreseimiento de la fiscala, el diputado Víctor Ríos, también del PLRA, durante una sesión de Diputados pidió a sus colegas que son miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que tomen cartas en el asunto y afirmó que la actuación de los fiscales es “terrorismo de Estado disfrazado de legalidad”.
La resolución emitida señala que el órgano decidió “la apertura de una información sumaria en relación a las actuaciones de la agente fiscal, a fin de la recolección de suficientes elementos de convicción que sirvan para emitir una resolución motivada y fundada por parte de este Jurado, en relación a la comunicación realizada por la Honorable Cámara de Diputados referida a las actuaciones de la misma”.
EL CASO. La imputación presentada por Acuña también afectaba al ex titular del INC, Carlos Krüssel Llano, y a los ex secretarios Francisco Aveiro y Óscar Acosta Martínez. También fueron incluidos en la causa el ex gerente comercial, José Coelho de Souza, y el ex jefe de Márketing, Luis Emilio Galeano Maldonado.
La investigación de la agente se basó en la presunción de que las administraciones de Acosta y Krüssel habilitaron para operar como distribuidores de cemento a firmas que pertenecen a familiares de funcionarios del ente estatal y que además no reunían los 17 requisitos establecidos en un reglamento emitido por la administración de Édgar Acosta.
Sin embargo, la representante del Ministerio Público posteriormente admitió que no existen suficientes pruebas en contra de los investigados, por lo que solicitó el sobreseimiento definitivo.