Para las 08:30 está convocado el doctor Emiliano Rolón Fernández para jurar como nuevo fiscal general del Estado ante la Cámara de Senadores, y a las 13:00 tomará posesión en la Fiscalía General.
El que fuera magistrado de una de las Cámaras de Apelaciones de Asunción asumirá el desafío de cambiar la imagen del Ministerio Público, asociada a la corrupción y la impunidad, por los sonados casos que fueron denunciados y que no tuvieron avance, a pesar de las contundentes evidencias que las acompañan.
En una de sus últimas apariciones públicas, Rolón reconoció esta situación e incluso habló de roscas en el interior de la Fiscalía.
“Tenemos que destruir las roscas que existen, las estructuras. Ese es el tema central. Hablamos de una corrupción interna, de la necesidad de que el pueblo ejerza de contralor republicano”, mencionó en comunicación con los medios de prensa, luego de una reunión que mantuvo con parlamentarios en el Congreso.
Los legisladores, en ese entonces, le presentaron un documento con 18 puntos sobre causas emblemáticas que, según ellos, fueron cajoneadas por la fiscala general saliente, Sandra Quiñónez.
HORACIO CARTES. De forma llamativa, las “investigaciones abiertas” que tienen un lento y casi nulo progreso son las que están relacionadas al ex presidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara, en cuyo gobierno asumió Quiñónez, tras la destitución de Javier Díaz Verón.
Una de las denuncias se dio el 7 de octubre de 2021 por declaración falsa. El político liberal Efraín Alegre, actual candidato a presidente de la República, fue el que presentó el escrito en sede de Fiscalía General, luego de la filtración conocida como Pandora Pappers, que reveló que Cartes poseía una empresa offshore (de portafolio) en Panamá durante los años de su mandato, entre 2013 y 2018. Este dato habría obviado en las declaraciones juradas de bienes y rentas que entregó a la Contraloría General de la República. Las sociedades incluían bienes por valor de más de un millón de dólares.
Tras un año y cinco meses de aquella denuncia, no se tienen novedades de avances en este caso.
En abril del año 2019, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) presentó un informe que remitió a la Fiscalía donde detallaban supuestos vínculos del ex mandatario con un esquema de lavado de dinero liderado por el brasileño Darío Messer.
Las pesquisas determinaron que Cartes otorgó la suma de USD 500.000 para la supuesta organización criminal de Messer. El ex presidente no fue imputado.
En el 2022, tres años después de la denuncia, y luego de que el ex presidente sea declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos, el fiscal Osmar Legal, uno de los designados para la investigación, justificó su negativa para imputar. “Yo no me voy a ir contra un ciudadano de alto perfil a juicio sin elemento probatorio suficiente. En una investigación a Cartes no puedo hacer una investigación financiera de seis meses y con un informe que ellos creen –dentro de su inexperiencia– que tiene solvencia para una condena. Es irresponsable”, aseguró el agente fiscal.
HUGO VELÁZQUEZ. El fiscal Osmar Legal tiene en los cajones de su escritorio, entre las investigaciones pendientes, desde hace siete meses, la denuncia contra el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por supuestamente ofrecer USD 1 millón a un funcionario público para evitar ser investigado.
El proceso por supuesto soborno se abrió en agosto de este año, en el cual, además de Legal, su colega Liliana Alcaraz participa en las pesquisas. Juan Carlos Charly Duarte, amigo de Velázquez y ex asesor de la Entidad Binacional Yacyretá, también está en la mira.
Esto, luego de que Estados Unidos declarase al segundo del Poder Ejecutivo significativamente corrupto.
Para el fiscal Legal, el país extranjero no brindó suficientes elementos que ameriten una imputación.
METROBÚS. Es sin dudas uno de los casos más escandalosos y una de las manchas de la administración de Sandra Quiñónez.
El 28 de mayo de 2018 el ingeniero Herman Pankow presentó una denuncia donde detallaba graves falencias del programa de modernización del transporte público, conocido como Proyecto Metrobús, que dejó un daño patrimonial de USD 250 millones al Estado. No se conformó un equipo para investigar y a cinco años del hecho no hay un solo imputado.
