El presidente de la Cámara de Diputados, el liberal Carlos María López, explicó que cualquier ciudadano puede presentar un pedido de juicio político; por tanto, el requerido recientemente contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ingresará como “asuntos entrados” en la primera sesión luego del receso parlamentario, que será el 8 de marzo.
Esto, debido a que la nota fue dirigida a López y no a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el colorado Ángel Paniagua.
El pedido de juicio político al vicepresidente fue presentado el 31 de enero por Leo Rubin, candidato a senador del partido Fuerza Común, y Mercedes Canese, candidata a diputada del movimiento Corriente Unitaria por Central, ambos de la lista del Frente Guasu.
El motivo principal es la sanción financiera contra Velázquez por parte de Estados Unidos, que lo vinculó con grupos terroristas y los acusó de soborno a funcionarios de justicia.
Se añaden las denuncias nacionales e internacionales por traición a la patria, lavado de dinero, tráfico de influencia, terrorismo, injerencia en otro poder del Estado y corrupción, según el texto elaborado por Canese y Rubin. Mencionan además el polémico caso de la firma secreta del acta bilateral con Brasil sobre Itaipú, contrarios a los intereses nacionales.
Pagados por Cartes
También está sin estudiarse el pedido de pérdida de investidura contra 31 diputados por supuestamente recibir sobornos por parte de Horacio Cartes, según acusó también el Gobierno de Estados Unidos.
La acusación se dirige a todos los miembros de la bancada de Honor Colorado más tres liberales llanocartistas.
El pedido fue presentado por la diputada liberal Celeste Amarilla, pero no fue dirigido al presidente de Diputados, sino al de la Permanente, Ángel Paniagua, quien no convocó a sesión para su estudio.
La última sesión de la Comisión Permanente será el próximo miércoles 22 de febrero, cuando deberá darse curso al pedido.
La semana pasada los legisladores no aparecieron y, por tanto, no hubo sesión.
Renuncia
Con la rabona en la Permanente no solo se evita el juicio político, sino también el proyecto de declaración de un grupo de diputados opositores que exigen la renuncia de Velázquez.
Además, otro documento fue presentado ante la Cámara Baja y es el proyecto de declaración que remite al Ministerio Público el informe de la Embajada de los Estados Unidos para su investigación.
“Es así que la gestión del actual vicepresidente de la República, el Sr. Hugo Velázquez, es una de las expresiones más claras de la corrupción institucionalizada, actuando sin el menor de los escrúpulos para, entre otras maniobras del esquema de asociación ilícita propulsada por él, entregar nada más y nada menos que la soberanía de nuestro país en el acta entreguista del 2019. Esto terminaría siendo, para poca sorpresa de todos, solo un haber más en su prontuario corruptelar, siendo designado en julio del año 2022 como ‘significativamente corrupto’ por parte de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual en la fecha del 26 de enero del corriente año confirma con mayor fuerza las vinculaciones con grupos terroristas por parte del segundo al mando de nuestro país, aliado con Hezbollah, conocida nucleación caracterizada por el tráfico de armas en la región”, expresa el proyecto.
Las sanciones financieras impuestas a Cartes y a Velázquez implican que ninguno podrá hacer negocios con empresas estadounidenses ni tendrán acceso a bancos de ese país o sus ciudadanos de forma permanente.