EFE
La vista oral de este caso, que ha causado consternación y horror en la opinión pública por la violencia y ensañamiento ejercidos contra las víctimas, comenzará con la elección de los miembros del jurado popular que juzgarán este caso, quienes, justo después de su designación, escucharán la declaración de Aguilar.
El juicio continuará la siguiente semana con las declaraciones de policías y testigos, los informes de los peritos y las conclusiones de las partes y se prevé que se prolongue hasta el 5 de mayo.
Juan Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013 y encarcelado días después como presunto autor de las torturas y los asesinatos de las dos mujeres, así como por descuartizar el cuerpo de la colombiana.
Fue arrestado por la policía en el gimnasio que regentaba en Bilbao, denominado “Zen 4", después de que los agentes rescataran de su interior a la joven nigeriana Maureen Ada Otuya, a quien hallaron maniatada y amordazada y en estado de extrema gravedad después de haber sufrido una brutal paliza.
La mujer, de 29 años y que ejercía la prostitución, quedó ingresada en un hospital de Bilbao en estado coma y falleció tres días después.
Tras su detención, Aguilar confesó también haber matado a la colombiana de 40 años Jenny Sofía Rebollo, cuyo cadáver fue hallado descuartizado.
Los agentes encargados de la investigación hallaron en el gimnasio y en el domicilio de Aguilar restos humanos que pertenecían al cadáver despedazado de esta mujer.
Según el escrito de la Fiscalía, el acusado había llevado en fechas diferentes a las dos mujeres a su gimnasio, donde las atacó “de forma súbita, imprevista e inesperada, sin dar posibilidad alguna de defensa o de huida”, con intención de causarles la muerte.
Por ello, la Fiscalía calificó los dos asesinatos con alevosía y pide 20 años de cárcel para el acusado por cada uno de ellos, además del pago de más de 286.000 euros (unos 303.000 dólares) de indemnización a las familias de las víctimas.
Las acusaciones, que representan a la Asociación Clara Campoamor y las familias de las dos víctimas, han elevado esa petición de pena a 45 años de prisión, al entender que en el crimen de la mujer nigeriana el falso shaolín actuó además con ensañamiento.
Asimismo han aumentado la reclamación de la indemnización a unos 385.000 euros (unos 407.000 dólares).
El caso del falso monje shaolín ha generado desde su inicio gran expectación y para el seguimiento del juicio en el Palacio de Justicia de Bilbao, decenas de medios de comunicación nacionales y extranjeros han solicitado la acreditación correspondiente.
