La jueza uruguaya Blanca Rieiro quien otorgó el estatus de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán el pasado 27 de setiembre, no tuvo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que recientemente resolvió que los buscados por la Justicia paraguaya “no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado paraguayo”.
Desde la campaña ciudadana “ni un dólar a los secuestradores”, hasta informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura sobre la corrupción judicial, la práctica constante de la tortura y el maltrato por parte de policías y penitenciarios tomó en cuenta la jueza uruguaya para concluir que es fundado el temor de persecución política.
El estatus de refugiados les permitió a Arrom, Martí y Colmán dar el siguiente paso: Viajar el miércoles a Finlandia, país que ya en agosto había aceptado acogerlos, basado en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).
En el fallo de la jueza se resalta que el 22 de agosto en reunión ordinaria de la Comisión de Refugiados (CORE), la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), presentó las consideraciones del caso, informando que sin perjuicio de la decisión de cesación del estatuto de refugiado tomada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “persisten elementos que dan cuenta de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de refugio en Uruguay”.
Los defensores de Arrom, Martí y Colmán resaltaron el informe de Acnur que señala que “nada ha cambiado” en el país de origen de los solicitantes del refugio.
La situación de los tres paraguayos se encuentra en el centro de la discusión política y económica entre las más altas autoridades a nivel presidencial, dice el escrito. Así, numerosos medios de comunicación y declaraciones oficiales de autoridades dan cuenta de que la “devolución inmediata a Paraguay de los ciudadanos forma parte entre otros motivos de los acuerdos y compromisos asumidos por esas autoridades, vinculados al asunto de renegociación bilateral por la empresa hidroeléctrica Itaipú”.
En el considerando, la jueza resalta que durante años sucesivos gobiernos del Paraguay han vinculado al Partido Patria Libre (PPL) con los secuestros extorsivos a empresarios realizados por el Ejército del Pueblo Paraguayo. Toma en cuenta además el capítulo IV del Informe Anual 2018 de la CIDH, dedicado al desarrollo de los derechos humanos en la región, en el que el organismo toma nota sobre la información de que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarían sufriendo procesos de escrutinios motivados por sus decisión de absolución y liberación de 11 campesinos en el caso de la Masacre de Curuguaty, como ejemplo de la injerencia de los otros poderes y la falta de independencia de la Justicia en Paraguay.
Los argumentos
Fundados temores de los ciudadanos solicitantes del refugio de ser perseguidos políticos y de no obtener justicia en Paraguay por el supuesto secuestro de la señora (por Edith Bordón).
En 3 ocasiones Paraguay solicitó a Brasil retirar el estatus de refugiados a Arrom y compañeros. La Conare rechazó tales pedidos por considerar que las pruebas aportadas no eran confiables.
Como muestra de la persecución y prejuzgamiento, la defensa arrimó el anuncio publicitario que establecía recompensa por información útil que lleva a la captura de Arrom y compañía, y la campaña “Ni un dólar para los secuestradores”.
También informes de que la revocatoria de refugio en Brasil era parte de un paquete de negociaciones con respecto a la Itaipú entre Paraguay y Brasil.
Y las observaciones de la CIDH y del Comité contra la Tortura sobre la corrupción judicial y policial, y las torturas en los centros penitenciarios, sin que se sancione a la gente,