La magistrada de Garantías, Clara Ruiz Díaz, rechazó el pedido de tres periodistas de realizar la audiencia preliminar en forma virtual, por lo que deberán acudir a Tribunales para la diligencia donde se decidirá sobre el pedido de criterio de oportunidad.
Se trata de los comunicadores Yolanda Park, Jorge Chipi Vera, y Carlos Troche Cristaldo, quienes a través de su abogado Rubén Meza Rodas, solicitaron que la audiencia prevista para esta mañana, a partir de las 07:30, para resolver los pedidos de la fiscalía, sea en forma virtual.
El pedido fue rechazado por la magistrada, con lo que los mismos deberán acudir al Palacio de Justicia para la diligencia, donde sustanciarán el pedido del fiscal Juan Ledesma de aplicar el criterio de oportunidad para ellos.
Según el fiscal, supuestamente el acusado Rodney Quintana imprimió en una gráfica clandestina 14.050 facturas, que fueron entregadas a Mario César Ferreira, quien no contaba con la autorización de los contribuyentes para la impresión, las cuales fueron luego comercializadas.
Entre los que obtuvieron facturas falsas están los periodistas Ji Gyeong Park (Yolanda Park), por la suma de G. 929.412.550, mientras que Jorge Vera, Chipi, por G. 82.745.456. También el periodista Carlos Troche Cristaldo, por G. 28.090.909.
El fiscal Ledesma planteó el criterio de oportunidad en la causa porque los mismos señalaron que no sabían lo que estaban pasando y que todo se encontraba en mano de sus contadores, por lo que aceptaron su culpa al no controlar y abonaron la multa ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Como multa, Yolanda Park, abonó G. 185.945.798, Jorge Chipi Vera, pagó G. 24.000.000, mientras que Carlos Troche abonó G. 8.147.159.
OFRECIMIENTO. Los periodistas también ofrecen reparar el daño social. En el caso de Park, la suma de G. 60.000.000, mientras que Chipi Vera, ofrece G. 10.000.000, mientras que Troche Cristaldo la suma de G. 8.000.000.
En la megaevasión están involucrados unos 200 contribuyentes y más de 50 empresas de maletín, según la fiscalía.
La pesquisa se inició en agosto del 2020. Allanaron inmuebles en Asunción, Luque y Fernando de la Mora, donde supuestamente operaban las firmas fantasmas. Investigan producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
