El juez penal de garantías, Marino Méndez, rechazó ayer el pedido planteado por los fiscales de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, quienes pidieron la reapertura de una investigación por enriquecimiento ilícito contra la familia Zacarías Irun, que había sido desestimada por prescripción. El magistrado sostiene que la doctrina del Derecho Administrativo ni la ley del funcionario público reconocen como función pública a los asesores ad honórem, según su resolución.
El abogado Nicolás Russo, uno de los denunciantes, señaló que el juez debe ser suspendido y enjuiciado de oficio por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Esto demuestra que la mafia sigue operando, el Poder Judicial está podrido en Ciudad de Este”, dijo.
La denuncia por enriquecimiento ilícito había sido realizada inicialmente por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el 21 de junio de 2017. Las denunciantes señalaban que la familia Zacarías adquirió varios bienes y creó empresas, en los últimos años.
Este caso fue desestimado por pedido de la fiscal Yolanda Portillo, quien refirió que el delito de enriquecimiento ilícito había prescripto por el paso del tiempo, ya que había transcurrido 10 años desde que Zacarías Irun había dejado la función pública en el año 2007.
Sin embargo, el 13 de setiembre de 2018, los abogados Yolanda Paredes, Nicolás Russo, Eugenio Guerín y Miguel Ángel López, presentaron una nueva denuncia con datos nuevos, con relación a las adquisiciones que había realizado la familia, siendo intendente Sandra McLeod de Zacarías y asesor ad honoren, su marido Javier Zacarías Irún. Se trata de una aeronave, inmuebles en el exterior y la creación de varias empresas en las que aparecen como accionistas, datos que fueron considerados como hechos nuevos por los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, para solicitar la reapertura de la investigación penal. Tras varias chicanas, la Corte Suprema de Justicia derivó el caso para ser investigado en Ciudad del Este, recayendo el control ante el juez penal de garantías Marino Méndez, quien ya había otorgado una medida judicial a favor de McLeod de Zacarías en el marco de un amparo judicial, en la que ordenaba a la Junta Municipal a aceptar su renuncia como intendente.
