El magistrado había sido recusado por el abogado Óscar Tuma, quien analizó la orden de allanamiento dictada por el juez para la vivienda del ex legislador, y señaló que el juez carecía de imparcialidad e independencia en el caso.
Legal, al responder los dichos de la defensa, con respecto a la dirección escrita en portugués de la orden, sostuvo que no puede modificar los datos aportados por la fiscalía y la Policía.
Con relación al allanamiento nocturno, alega que fue una petición fundada del fiscal, además de que al ser una causa compleja, el procedimiento podría extenderse hasta el horario nocturno, por lo que fue autorizado.
Sobre la falta de identificación de las personas a ser detenidas y los documentos a incautarse, lo que abre la puerta a detención arbitrarias, indica que el pedido fiscal tenía fundamentos suficientes para detener a sospechosos e incautar evidencias.
Con relación a la falta de identificación de los fiscales intervinientes, citó a los once fiscales habilitados para el operativo, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla, Elva Cáceres, Fabiola Molas, María Irene Álvarez, Guillermo Sanabria, Pamela Pérez, Cristian Ortiz, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza y Celso Morales.
Sobre la falta de precisión del tiempo de duración de la orden, apuntó que eso fue contemplado en el auto interlocutorio 320, del 16 de agosto que admitió el pedido.
Respecto a la admisión de la imputación a un muerto, en este caso al diputado Lalo Gomes, apuntó que no tenía aún el informe de la Fiscalía (al tiempo de hacer la contestación) y que no fue admitido, ya que era legislador por lo que contaba con fueros. Además, dijo que el Juzgado estaba bien especificado.
Con todos estos puntos, el juez solicitó que se rechace la recusación en su contra por parte de la defensa de Alexandre Rodrigues Gomes.