Esto, por un amparo planteado en junio de este año. Los documentos deberán ser expuestos en la web del ente contralor.
La resolución emitida por el juez penal de Garantías Raúl Florentín ordena a la Contraloría General de la República publicar las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de todos los funcionarios públicos desde el año 1992 hasta el 17 de junio de 2020.
La publicación debe ser “en lo relacionado con su situación patrimonial” a través de la página web del ente contralor, obviando todos aquellos datos exceptuados por la Constitución y las leyes.
La resolución se dio a raíz de un amparo constitucional presentado por el periodista Juan Carlos Lezcano, bajo patrocinio de los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Natalia Gagliardone.