La resolución afecta a Félix Antonio Ayala Caballero y Ramón Balbino Vargas Espinoza, quienes supuestamente habrían modificado la orden de captura sobre José Luis Bogado Quevedo, quien tenía pedido de extradición desde el Brasil.
En la audiencia, además del juez, estuvieron los defensores de los policías, Julián Vega, por Ramón Vargas, y Horacio Mora, por Félix Ayala, quienes solicitaron la libertad ambulatoria o, en su caso, el arresto domiciliario. En el caso del primero, ofreció un inmueble como caución real.
El juez entendió que existía peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, por lo que decretó la prisión preventiva en la Agrupación Especializada. Remarca que no se agregaron elementos suficientes sobre el inmueble ofrecido como caución.
Ambos policías, según la Fiscalía, habrían modificado los datos de José Luis Bogado, prófugo de la Justicia, involucrado en el tiroteo ocurrido en San Bernardino.