En concreto, el juez federal Federico Villena decidió continuar investigando a tres iraníes y dos venezolanos, que seguirán sin poder salir del país, y desvinculó del expediente a los otros miembros de la tripulación del avión iraní.
Ya hace dos semanas que el magistrado devolvió los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes, pero optó por seguir reteniendo en el país a los otros siete, a dos de los cuales autorizó este martes a marcharse.
Esta decisión se da el mismo día en que Villena tomó declaración a tres de los cuatro iraníes, mientras que el lunes había interrogado a dos de los tres venezolanos que quedaron en Argentina.
Nota relacionada: Avión iraní: Detectan tercera factura de Tabesa con inconsistencias
El caso ha generado una fuerte polémica en los últimos meses por los reclamos de Venezuela e Irán para que se liberara el avión y a sus tripulantes pero también dentro de Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 por los que la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.
EL INICIO DE LA POLÉMICA
El 6 de junio de este año, la aeronave investigada, un Boeing 747-300, ingresó a Argentina, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, con una tripulación de 19 personas: 5 iraníes y 14 venezolanos.
El avión fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.
Dos días después de estar en Argentina despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Asimismo, las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de EEUU y, posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización de la aeronave.
Lea también: Inconsistencias de Tabesa podrían ser ilícito tributario o documental, apuntan
Villena, encargado de investigar lo acontecido en torno al avión y sus tripulantes, ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de todos ellos, que nunca fueron detenidos y hasta ahora han tenido plena libertad de movimientos. En agosto pasado, el Departamento de Justicia de EEUU solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave.
SIGUE LA INVESTIGACIÓN
Como querellante en la causa, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió la semana pasada que se tomara declaración indagatoria a cinco de los tripulantes que aún quedaban en el país: Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta.
Según fundamentó la DAIA, esos tripulantes “procedieron a obtener dinero y/o bienes mediante la realización de una operación comercial lícita con la intención de ser utilizado o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar a una organización terrorista”.
Para llevar a cabo esa operación, la DAIA indicó que Mario Arraga Urdaneta y Víctor Manuel Pérez Gómez, valiéndose de sus cargos jerárquicos dentro de Emtrasur, “habrían abierto cuentas bancarias en distintos países y/o conformado empresas vinculadas a la actividad aérea”.
Mientras que Gholamreza Ghasemi y Abdolbaset Mohammadi, en calidad de capitán de vuelo e ingeniero de refuerzo respectivamente y bajo la apariencia de ser instructores, “serían los nexos” con las Fuerzas Quds y Hizbulá, según indicó la DAIA.
