REUTERS, EFE y AFP
BUENOS AIRES - ARGENTINA
La Justicia de Argentina acusó formalmente ayer a la ex presidenta Cristina Fernández de formar parte de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios y solicitó su detención, aunque su inmunidad parlamentaria impediría que vaya a prisión.
La Justicia busca determinar si Fernández, actual senadora, lideró una amplia red de corrupción que involucró a políticos y empresarios durante sus 2 gestiones presidenciales, que siguieron a la de su difunto marido, Néstor Kirchner. El escándalo estalló en agosto por las copias de cuadernos con anotaciones que llevaba el chofer de un ex funcionario, en los que detallaba supuestos pagos que empresas de la construcción hacían para ser favorecidas en contratos con el Estado.
El juez federal Claudio Bonadio pidió también el desafuero de Fernández, lo que parece poco probable que sea convalidado por la Cámara alta. Según el sitio oficial judicial (www.cij.gov.ar), hay otras decenas de acusados –entre empresarios y ex funcionarios– contra los que avanza la Justicia.
Entre ellos Angelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.
Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y ex funcionarios que han declarado como imputados “arrepentidos” –figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia– y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner.
“Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho”, dijo a Efe el abogado de la ex mandataria Gregorio Dalbón.
El defensor aseguró que el magistrado –que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó– está “comulgando con las corporaciones mediáticas” y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir “persiguiendo a la líder de la oposición”.
