“Nosotros lo que visualizamos es que el Poder Judicial, a través de los jueces, no ejercen con determinación lo que se denomina el control jurisdiccional; es decir, los jueces no hacen aperturas de sumarios y posteriores sanciones cuando corresponde un sumario como investigación, a ver si los recursos presentados por los abogados corresponden realmente o no”, comenta Alcaraz.
Con la vigilancia desde la sociedad civil de los casos ligados a usos inadecuados de los recursos del Estado, Alcaraz ve un patrón que se repite una y otra vez.
“Hay una exagerada chicanería. Recusaciones y otras formas de ejercicio abusivo del derecho”, subraya Alcaraz y remarca las responsabilidades sobre estas prácticas.
“¿Quién tiene que poner el freno al uso excesivo de la defensa?”, se pregunta y responde en él mismo: “Los magistrados, el Poder Judicial”, y desgrana que “hay una responsabilidad, por un lado, de los jueces en cada caso y de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte ejerce la Superintendencia del Poder Judicial y es la máxima instancia”, remarca.
Entonces, puntualiza, existen responsabilidades bien establecidas. “Formulamos una crítica a la Corte Suprema de Justicia en particular y los jueces en general de permitir el ejercicio abusivo del derecho. Estas practicas llevan a la prescripción de las causas, lo que significa la impunidad”, concluye.
En particular, Alcaraz comparte que se encuentra con un equipo de investigación con -entre otras causas- la revisión del caso del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. “Estamos trabajando por ejemplo en el análisis de las sentencias de primera y segunda instancia contra Roberto Cárdenas, estamos hablando de los casos 2011-2012, que tiene condenas en 2021-2022, y otra vez va a inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia” finaliza.