Un grupo de jubilados de la Caja Bancaria realizaron ayer una conferencia de prensa para denunciar que la actual administración, encabezada por José Caballero, lleva adelante un vaciamiento sistemático de la institución, lo que desencadenará en una crisis sin precedentes. Indicaron que presentaron todos los documentos a diferentes órganos de control, pero no recibieron ninguna respuesta contundente. Por tal motivo, exigen al presidente Mario Abdo Benítez que se haga eco de los reclamos y cumpla con su promesa de ayudar a los adultos mayores.
José Papaluca, uno de los denunciantes, explicó que en los últimos cuatro años, las autoridades de la Caja Bancaria aumentaron irresponsablemente los gastos administrativos en un 106%. En el 2014 estas erogaciones se tradujeron en G. 44.803 millones y el año pasado subieron a G. 92. 723 millones.
Añadió que hay exceso de personal (159 en total) y aún así se están derrochando montos exorbitantes en horas extras y ayudas vacacionales. En las licitaciones también hubo adjudicaciones escandalosas, que treparon a casi G. 63.000 millones, comentó.
Para evidenciar el perjuicio, se tiene que mirar el superávit de la entidad, que hasta el 2016 era de G. 178.000 millones, mientras que en el 2017 bajó a G. 105.747 millones, apuntó. Es decir, hubo una reducción de G. 81.000 millones.
Papaluca aseguró que el Banco Central del Paraguay (BCP) debe intervenir la Caja Bancaria, puesto que así lo establece la ley de esta última entidad. La carta orgánica recientemente modificada mediante la Ley 6104, habilita a la banca matriz a intervenir cualquier entidad previsional del país, añadió.
MAYOR RESPALDO. Fernando Aguayo, otro de los afectados, comentó que a la fecha se han presentado seis denuncias por diversos hechos, pero no han tenido mayor seguimiento. Pidió a la fiscala general, Sandra Quiñónez, que siente postura y, en caso de no hacer una intervención, se deje vía libre a los jubilados para buscar las medidas necesarias.
“De una vez por todas tenemos que sacar a esta gente que está derrochando el dinero de los jubilados y de los activos”, comentó.
Los manifestantes enfatizaron que hace 15 años no están recibiendo el aumento fijado, mientras que por el otro lado se está haciendo un despilfarro de los recursos. Actualmente los cuatro miembros del Consejo están imputados por lesión de confianza y la Fiscalía detectó un daño patrimonial de más de G. 377 millones, señalaron.