Durante el paro frenarán las principales actividades económicas a lo largo y ancho del territorio argentino durante 24 horas, aunque sin una gran movilización, como la del pasado 24 de enero, bajo el lema “La patria no se vende” ante el “ajuste brutal” que, denuncian los sindicatos, pretende la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario ultraliberal.
Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados, que ahora espera por su tratamiento en el Senado, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada “modernización”.
Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios son las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley y la modificación de las indemnizaciones por despido. El Ejecutivo denunció este miércoles que casi 6,6 millones de personas se verán afectadas porque “no tendrán servicio de transporte” y reiteró que “el paro no tiene una justificación aparente”, algo ya comentado en la víspera, cuando lo calificó de “político”.
Este es el segundo paro general convocado por la CGT desde que asumió el Gobierno de Milei, el pasado 10 de diciembre de 2023, tras el del 24 de enero. La principal central sindical argentina no convocó ninguno bajo el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el último databa de mayo de 2019, bajo la gestión del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019), quien vivió cinco huelgas globales. EFE
