Además de los visibles fallos en el operativo, las turbias actuaciones que siguieron después solo sirvieron para instalar aún más las sombras de sospechas sobre el accionar del Estado.
Todos los hechos, como el persistir en las mentiras sobre las edades de las mujeres fallecidas, con informe del médico forense Cristian Ferreira, de que una de ellas tenía 18 años de edad y la otra probablemente 15, la decisión de sepultarlas esa misma noche en una tumba anónima del cementerio de Yby Yaú sin haber llegado a identificarlas oficialmente, la medida adoptada por el fiscal Federico Delfino de quemar las ropas que vestían, bajo pretexto de medidas sanitarias ante la pandemia del Covid-19, destruyendo de este modo valiosas evidencias para la investigación de lo ocurrido, entre otras circunstancias, solo contribuyeron todavía más aún para generar más sospechas e indignación en un gran sector de la ciudadanía, dando a entender que había mucho que ocultar.
Lo más grave no solamente tiene que ver con que el Gobierno incumplió artículos constitucionales, leyes nacionales y convenios internacionales suscritos sobre el compromiso de proteger derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sobre todo, ignoró en gran medida los procedimientos de rigor que se deben aplicar en este tipo de operativos, como el Protocolo de Minnesota, un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluye modelos de autopsia y de exhumación y análisis para que sea seguido no solo por los profesionales que las realicen, sino también por las partes involucradas, los periodistas, la ciudadanía y todos los observadores, con el fin de aumentar la transparencia del proceso.
Nada de eso se hizo y ahora, una vez más, el Estado paraguayo —que ya ha sido condenado varias veces por no respetar los derechos humanos— nuevamente se expone a sanciones de organismos internacionales de los cuales forma parte.
Lo más preocupante de todo lo ocurrido, más allá de lo que se pueda y se deba aclarar en una investigación que deberá ser amplia, independiente, transparente y creíble, es que la manera en que todo se hizo muy mal deja al Gobierno como el gran culpable, favoreciendo propagandísticamente al grupo armado criminal, aumentando aún más la inseguridad en las zonas de conflicto armado.
Si no se empieza a actuar con mayor legalidad y transparencia, respetando debidamente los protocolos y convenios internacionales, resultará cada vez más difícil ganar la lucha contra los criminales.
