Halley justificó que el atraso se debe a que están pendientes de la reglamentación de la Ley de Presupuesto, del Plan Financiero y del Plan de Caja, para autorizar el desembolso para los pagos correspondientes. Explicó que la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional fue autorizada por la Ley 6704/2021 del 15 de enero 2021, y su decreto reglamentario 4796/2021 fue promulgado recién el 28 de enero pasado.
Indicó que el Ministerio de Hacienda gestionó dentro de los plazos correspondientes la reglamentación de estas leyes, que ya culminaron la semana pasada con la expedición del Decreto 4903/2021 del 24 de febrero pasado.
“A partir de esto, una vez reunidos todos esos requisitos (imprescindibles para utilizar el excedente de caja de USD 34 millones), se emitió la resolución del IPS que aprueba la solicitud de ampliación del Presupuesto 2021 (incorporando el excedente de USD 34 millones al Presupuesto 2021 del IPS) y disponiendo que la Gerencia Financiera remita el pedido a Hacienda, que es la etapa en la que estamos ahora”, explicó Halley.
El gerente de Prestaciones Económicas dijo que todo este proceso –que según aseveró, gran parte es externo al IPS–, está exigido por la Ley de Administración Financiera del Estado y por la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación (PGN). “Lastimosamente, no se puede saltar este paso buscando acortar tiempos para los pagos”, alegó Halley en su descargo.
TRES PAGOS EN MARZO. Para compensar el excesivo retraso en el pago de los subsidios, que deben recibir alrededor de 14.000 trabajadores suspendidos en sus empresas, Halley estima que la semana entrante podrían pagar los importes atrasados de enero y febrero, de una sola vez, en tanto que durante la última semana de este mes abonarían el pago correspondiente a marzo.
Es importante acotar que cada trabajador suspendido debe percibir el 50% del salario mínimo vigente, equivalente a G. 1.096.000 por cada mes en que se extienda la medida otorgada por el Ministerio del Trabajo a las empresas.
El IPS cuenta en caja con un saldo del USD 34 millones para abonar este beneficio a los obreros suspendidos hasta junio de este año.