El Instituto de Previsión Social (IPS) seleccionó 6.000 empresas de diferentes tamaños, tanto de Asunción como del interior del país, para detectar el cobro indebido de subsidios por la suspensión de contratos a trabajadores, en el marco de la emergencia sanitaria. La previsional tomará acciones para recuperar los recursos que pudieron haber perdido.
El gerente de Prestaciones Económicas de la institución, Pedro Halley, explicó que la muestra se tomó de un total 18.000 suspensiones laborales ante las denuncias anónimas sobre lo que en un primer momento calificó como un fraude.
“Esa irregularidad consiste en decirle al empleado ‘estás suspendido, pero vas a venir a trabajar igual y el IPS te va a pagar tu salario’. Entonces es un perjuicio enorme contra ese trabajador que en ese periodo percibe menos, no aporta y debería estar en su casa resguardado, que estar yendo y viniendo, a lo mejor expuesto a contagio“, señaló.
Los trabajadores que quedaron temporalmente sin empleo tras la suspensión de sus contratos, cobraron a través de la previsional G. 1.096.000 mensual, que representa el 50% del salario mínimo legal. A pesar de las sospechas de fraude, la institución desconoce la magnitud del daño patrimonial.
ACCIONES. Luego de identificar a las empresas que pudieron aprovecharse de los subsidios, la Dirección Jurídica del IPS deberá dictaminar y finalmente quedará en manos del Consejo de Administración tomar las medidas correspondientes para recuperar los recursos desembolsados.
“Mi principal interés es la restitución de lo que se pudiera haber pagado indebidamente a una persona que debió haber estado suspendida, pero había sido estaba trabajando porque le obligaron. Esto vamos a hacer el reclamo por las vías que correspondan, con nuestra Dirección Jurídica posiblemente una reclamación administrativa y en caso de no prosperar esa compensación, ese arreglo, ya quedará habilitada la vía de la reclamación compulsiva, que puede ser ante lo contencioso, puede ser en lo laboral, o ante el Ministerio Público”, advirtió.
Los resultados de la verificación se tendrán en dos semanas, pero Halley aclaró que no se dará a conocer la lista de empresas fraudulentas.
Firmas deben devolver subsidio y pagar los salarios caídos
El Ministerio de Trabajo no recibió denuncias sobre fraudes en la suspensión de contratos laborales, pero de confirmarse las multas podrían llegar a más de G. 2.500.000 por cada empleado, alega.
El viceministro de Trabajo, Luis Orué, indicó que solicitó al Instituto de Previsión Social la lista de las empresas bajo sospecha para realizar las respectivas verificaciones.
La institución no recibió denuncias al respecto este año y en el 2020, solo hubo dos trabajadores que manifestaron una situación similar.
De confirmarse el hecho, advirtió que se trataría de una estafa, atendiendo a que se declara una situación errónea ante una institución, a los efectos de tener un beneficio patrimonial.
“Hay dos responsabilidades por parte de la patronal. La primera, que tiene que devolver al IPS lo abonado, se expone también a un proceso penal y se expone a una figura administrativa laboral, que es la de pago de salarios caídos. Aparte de eso, yo seguramente le voy a tener que imponer una sanción de 10 a 30 jornales (entre G. 843.400 y G. 2.530.000) por cada trabajador que yo detecte en esta situación”, detalló.
En ese sentido, considera que le saldría mucho más barato a una firma si paga a sus empleados lo que corresponde, porque en caso de llegar a una fiscalización, el Ministerio de Trabajo verifica toda la situación de la empresa, donde se pueden encontrar más irregularidades, lo que a su vez inflaría la multa.