La información se había hecho pública por la oenegé Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), que acompañó la medida judicial promovida por estudiantes de derecho para hacer pública dicha información, pese a la negativa de la previsional, que rechazaba dar a conocer los nombres, alegando que era información confidencial.
Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones de Feria de Asunción determinó que los datos solicitados corresponden a información pública y, por ende, deben de estar al alcance de la ciudadanía.
A mediados de enero pasado se accedió a dos listados, uno de las empresas morosas en sí, que eran específicamente 8.026 y que en total adeudaban unos G. 684.341.938.989, y otro, de las firmas que también figuran con deudas, pero que se acogieron al sistema de facilidad de pago, donde estaban solo 2.364 de las 8.026 que están en falta.
Según IDEA, el IPS cumplió recién una parte de la sentencia; ya que todavía queda por conocer las medidas previstas para evitar más morosidad.
El antecedente del caso data de octubre de 2019, cuando Mauricio González Pou, alumno de la Facultad de Derecho de la UNA, había solicitado a la previsional un informe sobre las empresas que le adeudan, así como de las políticas aplicadas para evitar la evasión.
La entidad le había negado la información, por lo cual el alumno tuvo que recurrir al amparo de acceso a la información, bajo el patrocinio de IDEA.
El pedido de amparo fue desfavorable en primera instancia, sin embargo, tras la apelación presentada por los abogados de IDEA, fue revocada por el Tribunal de Apelación, que hizo lugar al pedido, según menciona en su portal la oenegé mencionada.