A 34 asciende la lista de los empleadores involucrados y algunas pertenecen al rubro de industrias manufactureras de productos alimenticios (excepto de bebidas), industrias de maderas y corcho (aserraderos), construcciones, comercio al por mayor y menor, transporte, seguro doméstico (régimen general) servicios prestados al público y a empresas comerciales, servicios generales, hoteles, bares, restaurantes y otros (ver info).
“No puedo decir los nombres, pero tenemos de todo, universidades, colegios, importadoras. El sistema que creemos que se utilizó –porque no creo que sean los propietarios que contactaban con los funcionarios– creo que fueron a través de los contadores. A través de los contadores llegan a los empleados infieles”, dijo el abogado Carlos Bogado, director de Aporte Obrero Patronal.
El IPS detectó el intento de estafa por lo que descarta el daño patrimonial. Actualmente continúan trabajando para revertir las operaciones fraudulentas y actualizar los montos de las deudas de cada empleador.
“Hay grandes empresas y hay pequeñas empresas. Estamos hablando de empresas que deben G. 1.600 millones y otras que deben G. 10 millones. Ayer una empresa chica se acercó a pagar la deuda total”, refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM. Las empresas tienen tiempo para presentar los documentos del pago hasta el viernes y podrían ser multadas.
MODUS OPERANDI. Se presume que funcionarios de otras oficinas del IPS aprovecharon que se reseteó la contraseña de algunos usuarios, al vencer el código. Mediante una filtración manipularon el sistema, admitió el titular de AOP.
Siete son los funcionarios supuestamente “infieles” que fueron identificados hasta el momento. Fueron apartados del caso y serán sumariados. Las cifras de montos millonarios de la deuda pasaron a figurar como cero. Un total de 142 trabajadores son los afectados con el retraso del pago de los aportes y no pueden acceder a servicios de salud. El promedio de deudas en algunos casos es de G. 150 millones por cada trabajador.
El siguiente paso será la apertura del sumario en 15 días. Luego, se derivará al Departamento Jurídico que analizará si concreta o no la denuncia al Ministerio Público.
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