La historia de Steven Klaver, estadounidense, y Thomas Dalrymple, canadiense, es la muestra más tangible y descarnada de lo pantanoso que puede resultar el Paraguay para extranjeros que desean invertir en el país, un riesgo que casi siempre está garantizado solo en el discurso oficial, pero no en la efectiva seguridad jurídica que brinda tierra firme.
Klaver y Dalrymple arribaron junto a Dwigth Romanica, también canadiense, al país en el 2011 para manejar una mina en Paso Yobái, Guairá, que habían comprado en representación de una firma estadounidense dedicada al ramo, Fair Trade Acquisition Corp. Habían adquirido la concesión de Minas Paraguay SA de la firma Talavera y Ortellado, por 25 años, y el inmueble de 254 hectáreas donde está asentada.
Klaver dice ser un bróker que trabajó en la bolsa de valores de Nueva York, y Dalrymple, un alto ejecutivo de finanzas de grandes empresas canadienses. Ambos denunciaron a este diario haber sido víctimas de un presunto montaje armado en los laberintos de la Justicia paraguaya con la finalidad de despojarles de la mina.
Luego de comprar la mina, suscribieron un contrato con una cooperativa de mineros de Paso Yobái, mediante el cual los lugareños ingresaron a trabajar artesanalmente en el sitio, hasta que surgieron inconvenientes que derivaron en una demanda en Villarrica. Los mineros alegaron incumplimiento de contrato, por lo que accionaron judicialmente y amenazaban con invadir la propiedad.
el contacto. “Estuvimos intentando negociar con los mineros por cinco meses, ofrecimos muchas cosas, pero no llegamos a un acuerdo. Ahí fuimos junto a Emilio Buongermini, quien era viceministro de Minas y Energía en esa época, y le pedimos ayuda”, relatan Klaver y Dalrymple, quienes cuentan que algunas personas les dijeron que los mineros habían hecho promesas al juez y que todo estaba cocinado en contra de ellos. “Somos extranjeros y teníamos muy poca experiencia en el país y no sabíamos cómo reaccionar y como ya tuvimos una buena relación con Emilio, fuimos junto a él para preguntarle qué podíamos hacer”, agregan.
“Emilio nos dijo que no nos preocupáramos porque iba a presentarnos a alguien que nos ayudaría y que iba a arreglar todo para nosotros. Él nos presentó a una persona que se llama Eduardo Heisecke y que, según Emilio, tenía muy buenos contactos y que trabajaba en negocios con gente de alto nivel del Gobierno”, añaden.
“Fuimos junto a Heisecke y él nos dijo que no nos preocupáramos porque podíamos arreglar el tema, nos dijo que iba a contactar con abogados y que iba a manejar el tema para nosotros”, expresan Klaver y Dalrymple, y agregan que concedieron poderes a favor de dos abogados que durante años ni vieron, Ana Mora de Ramírez y Óscar Fabián Ramírez.
“Allí también nos presentó al abogado Blas Velázquez Fernández, que trabaja para Heisecke, quien también nos dijo que no nos preocupemos y que iban a sacar el caso de donde está y que iban a llevar a Quiindy para poder controlar el proceso y que nadie iba a cocinar contra nosotros”, indican y sostienen: “Entonces hicimos un acuerdo con Heisecke que íbamos a traerle la plata para pagarle a Blas y a esos dos abogados y él manejó el tema para nosotros”.
A partir de allí, toda la cuestión judicial quedó en manos de Heisecke, según dicen. “Después nos enteramos cómo podían controlar el caso porque la jueza en Quiindy (donde se sustanció el proceso) es la esposa de Blas Velázquez y que por eso él no iba a ser el abogado del caso y contrataron a dos abogados de Villarrica”, comentan.
cien mil dólares. Relatan que posteriormente obtuvieron una medida cautelar para proteger la mina, pero que los mineros apelaron, lo que les causó preocupación. “En el último momento, antes de salir la sentencia, Emilio nos dijo que teníamos que ir otra vez junto a Heisecke porque si no pagábamos 100.000 dólares los jueces iban a salir en contra de nosotros e íbamos a perder todo lo que invertimos hasta ese momento”, expresaron. Indicaron que el propio Buongermini habló con sus inversionistas y que estos enviaron el dinero ante el temor de perder toda la inversión. “Después nos dijeron que teníamos que dar todo el dinero a Heisecke y que él iba a manejar el tema otra vez”, agregan. La medida cautelar fue ratificada y las aguas se calmaron, por un tiempo.
Pero la verdadera pesadilla de Klaver y Dalrymple empezó cuando, a través de sus inversionistas, se enteraron de que sobre la mina pesaba un embargo por valor de 1.800.000 dólares. “Esos dos abogados que consiguieron la medida cautelar a nuestro favor, fueron al Juzgado de la Niñez, donde está la esposa de Blas Velázquez, y pidieron dos millones de dólares y algo como honorarios”, expresan ofuscados porque nunca fueron notificados de nada.
Buongermini y Heisecke admitieron a este diario haber contactado con los extranjeros, pero dicen que el problema se reduce a que estos no quisieron pagar a sus abogados y ellos pidieron regular honorarios.
Desde noviembre, la mina está cerrada por el embargo y por una orden judicial de no innovar. La inversión paralizada asciende a 7 millones de dólares.
Paraguay, ¿país de oportunidades?